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proximamente encontraràs aquì TODA la informaciòn sobre el CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO EN CALLE Y DESARROLLO HUMANO / 2010. a celebrarse en Pereira, en el inicio de las Fiestas Aniversarias de la Cosecha, los días Miércoles 18 y Jueves 19 de Agosto.
Carlos Alberto Jiménez Vélez y Jaime Robledo Toro han puesto en la palestra pública un libro que abre nuevas brechas de comprensión de las conductas sociales, en especial aquellas ligadas con la violencia. Y lo han presentado desde un novedoso enfoque interdisciplinario en el cual se establece un diálogo teórico y práctico entre la Neuropedagogía y la Ciencia del Derecho que son los espacios académicos y cotidianos en los que se desenvuelven sus autores.
¿Qué buscan? Entender la complejidad humana, conocer las causas de por qué se cometen los delitos, saber cuáles son las razones de los comportamientos violentos, conocer qué sucede en el cerebro cuando las circunstancias que luego castigarán los jueces se suceden, y de ahí el alcance de esta obra escrita por dos personajes de la vida académica y educativa de Pereira. La apuesta es ambiciosa.
Desde estas páginas sueñan con la puesta en marcha de un proyecto de “Educación Emocional” que se convierta en una cátedra obligatoria en las escuelas, desde donde los docentes puedan comprender las emociones y los sentimientos de sus alumnos para empezar a entender esta sociedad violenta que padecemos y que se ha llevado a las aulas la violencia de los hogares o de las complejas relaciones sociales de los jóvenes. Ahí queda la tarea para los nuevos congresistas.
El libro “La Neuropedagogía y los comportamientos violentos” será presentado próximamente en la Universidad Libre seccional Pereira ante autoridades de la ciudad y el departamento, que podrán conocer de cerca los alcances de una obra destinada a ser materia de estudio en el país. De igual manera el 30 de abril cuando se realice un evento nacional organizado por el Comité Departamental de Moralización que representa uno de los autores y que tratará sobre políticas anticorrupción, se tendrá un espacio para que los asistentes puedan saber por qué una persona delinque.
La obra combina dos conceptos sobre los cuales gira este diálogo intertextual como lo han denominado sus autores. Por un lado la Neurociencia que tiene por objeto descifrar el lenguaje del cerebro, ciencia de la que nace la Neuropedagogía, que es la encargada de comunicar ese lenguaje. Asistimos a una tesis maestra que nos dice que el cerebro es un órgano social que necesita del juego y del abrazo para su desarrollo y que además es un procesador de significados “tocados” por emociones que nos permiten actuar en paz y armonía gracias a la educación, ícono de estas páginas.
¿Cómo llegan a unirse para publicar el libro? - Un trabajo de investigación que hicimos en la Universidad Libre seccional Pereira sobre “Desarrollo y estilos de pensamiento, el abogado del siglo XXI”. Fuimos los investigadores principales y tuvimos la fortuna de tener estudiantes de la Facultad de Derecho como coinvestigadores. Se hizo un intenso trabajo que generó esta idea que pensamos puede ser muy valiosa para la ciudadanía y en especial para la rama jurisdiccional. Observaba con interés las exposiciones de Carlos Alberto Jiménez con respecto a la Neuropedagogía y vi la necesidad de dejar algo por escrito para que los estudiantes pudieran conocer aunque fuera en forma elemental lo que es el cerebro.
¿Por qué? - Para un juez es de vital importancia conocer los antecedentes de un implicado en un delito como persona, en el hogar, en su entorno social en el que se crió y saber por qué cometió el delito, haciendo un análisis neurológico. Una cosa es que se diga que usted asesinó y por ello tiene 40 años de pena, pero hay que saber por qué violó o mató, hay que conocer las razones de esa conducta. A raíz de eso creemos que tanto los jueces como los litigantes en derecho penal deben tener esas herramientas neurológicas, es que no es lo mismo que una persona asesine por estado de necesidad, de defensa, a que simplemente sea un delincuente que ve a otra persona y la asesina. No es lo mismo que a usted se le presente la circunstancia, ni es lo mismo una persona de un hogar bien constituido, a unos hijos fruto de un hogar con problemas, enfrentamientos, con un padre drogadicto o una madre prostituta, en fin, toda esa serie de circunstancias, así que no es lo mismo una persona del común que no tiene esas tendencias a quienes padecen circunstancias de carácter social y familiar que tienen mayor inducción a la comisión de un delito.
¿Cuál es la hipótesis central del libro? - La necesidad que tiene la rama judicial de poder entender el cerebro humano, pero el cerebro se ha entendido como una víscera. Nosotros planteamos una hipótesis muy sencilla: El cerebro humano como un órgano social que necesita del juego y del abrazo para no ser violento en este caso, e inclusive planteamos no el cerebro como un órgano procesador de información sino como un órgano procesador de significados, que es el gran error que tienen las teorías alrededor del cerebro; y significados atravesados por lo emocional porque cualquier pensamiento necesariamente tiene esa contaminación relacionada con las emociones. En este caso relacionado con la violencia tiene que ver con el sistema límbico del cerebro humano que es aquel que se encarga de “elaborar” la información con la cual usted comete un delito, un estímulo, y desde la amígdala procedo a actuar, se suben la adrenalina y diferentes sustancias neurohormonales desde las glándulas suprarenales y yo ataco, pero una cosa es entender las neurociencias para explicarle a los reos que si usted respira un segundo la señal no va del tálamo a la amígdala sino que va del tálamo al córtex frontal que es indispensable entenderlo, porque es la parte relacionada con la lógica, la racionalidad y la razón, y si eso sucede me abstengo de cometer un delito si logro pensar. Siempre hemos dicho que elementos relacionados con el estrés, con la irritabilidad límbica, con estados de depresión y ansiedad son el caldo nutritivo para los actos violentos.
¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que se plantean para aportar soluciones a esos comportamientos? - Creemos que es un trabajo que se tiene que hacer desde el hogar porque el problema neurológico o de direccionamiento de crecimiento de la persona viene desde la gestación, de tal manera desde el momento en que se va a contraer matrimonio se deben dar las instrucciones bien sea académicas o por parte del Estado de si usted debería hacerlo o no. A las personas deberían hacerles un examen para ver si deben tener o no hijos, para evitar traer al mundo hijos con problemas que le van a traer más problemas a la sociedad. Cuando el niño nace ya existe una correlación entre la familia, la sociedad y el Estado, todos nos debemos unir para proteger a ese niño de acuerdo a nuestras actuaciones, el Estado con su maquinaria, la sociedad con el comportamiento y la familia con los consejos y demás.
¿Ustedes proponen crear unas clínicas especiales de rehabilitación? - El Estado está en la obligación de crear clínicas de rehabilitación de orden neurológico y no siquiátrico, pero el Estado no atiende esa situación. Y usted puede preguntarse si alguien cometió un crimen por problemas neurológicos qué pasa cuando salga de la cárcel, pues esa persona sale y sigue cometiendo delitos en todas las áreas del derecho y entonces el Estado tiene una obligación, que no cumple, para que los jueces del país tengan este conocimiento del cerebro en un momento determinado y permitan la rehabilitación de esa persona.
¿Cómo se procede hoy en día? - El juez acude hoy en día a los peritos de Medicina Legal para soportar su dictamen desde la clínico, pero si existieran unas clínicas especializadas en neurología sería mucho mas fácil para el juez penalista del Sistema Penal Acusatorio tomar sus decisiones y decir que se va a basar en su decisión no sólo por el hecho de darle una pena de varios años de prisión, sino que pueda decir que va a consultar el neurólogo para que le haga un estudio para emitir su dictamen en justicia. En esto la academia tiene también una gran responsabilidad y la Universidad Libre va a propiciar los espacios en el pénsum académico de la materia de Neurociencia, para que los estudiantes salgan conociendo el cerebro sino en profundidad, al menos inquietos por el tema y para que los futuros jueces conociendo cómo actúa el cerebro de las personas y puedan entender las actuaciones de quienes cometen delitos, para entender la complejidad humana.
¿Si el juez conoce esos dictámenes qué sucede con el delincuente? - Esto le sirve dentro del acervo probatorio en un momento determinado para atenuar la pena, porque es muy distinto que una persona que esté completamente sana en todo sentido, tanto física como mentalmente, cometa un delito, a que lo haga una persona que tenga un problema de carácter cerebral. Por eso la posibilidad de la clínica, pero también viene la sanción de carácter penal, pero el Estado tiene la obligación de rehabilitar a esa persona para que cuando salga pueda vivir en sociedad y no vaya a delinquir más.
Un joven que se cría con un padre drogadicto y una madre que expende droga, no ve sino delito, es su circunstancia de vida normal. Ese joven de hogar complejo sale viendo por todas partes delitos y los comete porque lo considera normal y será castigado por la ley, pero por qué no viene la rehabilitación por parte del Estado, para darle posibilidades de vivir en sociedad. Por eso es que la sociedad está tan corrompida porque mientras los muchachos se están muriendo en medio de la droga, el Estado está pensando en las elecciones.
Los autores Jaime Robledo Toro. Magistrado y Presidente de la Sala Administrativa y del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Abogado ilustre de la Universidad Libre seccional Pereira y docente de la misma en áreas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo desde hace 17 años. Actualmente preside el Comité Departamental de Moralización. Fue condecorado por el Gobierno Departamental con la Gran Cruz de Risaralda y por el Gobierno de Pereira con la Gran Cruz de los Fundadores.
Carlos Alberto Jiménez Vélez. Magíster en Comunicación y Educación de la UTP. Químico y licenciado en áreas técnicas. Especializaciones, diplomados y menciones en investigación, TICs docencia universitaria, Filosofía de la Educación, Neuropedagogía y PHD (Doctos Honoris Causa del Consejo Iberoamericano de Educación). Miembro del Grupo de Neurociencias de Risaralda de la Facultad de Medicina de la UTP. Escritor e investigador de procesos pedagógicos alternativos alrededor de la lúdica, el juego, la neuropedagogía, la creatividad y las inteligencias múltiples, las competencias y el desarrollo humano. Profesor titular de la Universidad Libre seccional Pereira y del Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Autor de una veintena de libros sobre estos temas.
en http://www.eldiario.com.co/seccion/VARIEDADES/los-comportamientos-violentos-descifrados100410.html
En http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/iglesia-pide-competencia-para-bajar-precios-de-medicinas-en-colombia_7298011-3 El 85% de recobros al Fosyga son por el 5% de las medicinas, a las que el Gobierno les dio monopolios en 2002, explica la carta del el cardenal Pedro Rubiano al presidente Uribe. La Iglesia Católica colombiana entró a terciar en el debate de la emergencia social y le pidió al Gobierno permitir que medicamentos genéricos les hagan competencia a aquellos productos costosos que "en buena medida" han contribuido al "colapso financiero del sistema de salud". En carta enviada al presidente Álvaro Uribe, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz demandó suspender de inmediato la protección a los medicamentos de los recobros abusivos (al Fosyga) y negarla a todos aquellos cuyo monopolio pueda constituir una amenaza para el bien público. Así mismo, le solicita al Presidente que, al amparo de la emergencia social, otorgue de inmediato licencias obligatorias para el Kaletra (contra el sida) y demás medicamentos protegidos que sean de interés para la salud pública. En la misiva, firmada además por monseñor Fabián Marulanda, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, y los directores de Ifarma y Misión Salud, Francisco Rossi y Germán Holguín, respectivamente, se pide derogar una medida que data de 1995 para abrir la puerta a las importaciones paralelas de medicinas que gozan de exclusividad comercial. Las tres propuestas, le recuerdan al presidente Uribe, están contempladas como derechos por la Organización Mundial de Comercio y reafirmados en la Declaración de Doha cuando se trata de salvaguardar la salud pública. Para Monseñor Rubiano y demás remitentes, se trata de evitar abusos de precios generados por el monopolio. Apoyados en información publicada por EL TIEMPO hace 15 días, sobre 12 medicamentos recobrados al Fosyga, señalan que en nueve países de la región Colombia tiene los precios más altos en cinco medicinas y los segundos más altos en las otras siete. En el grupo de siete está Enbrel, de Pfizer que en su presentación de 50 mg fue recobrada al Fosyga el año pasado a un promedio de 868.051 pesos y a la cual el Ministerio de la Protección Social le acaba de fijar un precio máximo de 737.183 pesos. Ifarma y Misión Salud volvieron a solicitar una licencia obligatoria para Kaletra -la misma petición no prosperó el año pasado porque el Minprotección consideró que no era de interés público-, que, dicen, podría bajar otro 65 por ciento. Al Kaletra, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos le estableció en abril del 2009 un precio máximo de 1.067 dólares, la tercera parte del valor al que lo factura Abbott, pero solo en enero el laboratorio redujo el valor. Precios elevados en casos de monopolio De acuerdo con la carta mencionada, menos del 5 por ciento de los medicamentos cobrados por las EPS al Fosyga suman cerca del 85 por ciento del valor recobrado y todos ellos "gozan de monopolio otorgado por el Estado bajo el decreto 2085 de 2002". En otros países de la región, como lo informó EL TIEMPO, muchas medicinas son más baratas que en Colombia, pero no pueden importarse porque hace 15 años el gobierno de Ernesto Samper dispuso que para ello se requiere la autorización del fabricante, "autorización que lógicamente nunca llega", afirma la carta de Monseñor Rubiano. El Cardenal pide que se derogue esa norma con el fin de que Colombia pueda beneficiarse de los costos más bajos en otros países. JORGE CORREA C./ REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
eltiempo.com / archivo en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3853848 La Iglesia Católica colombiana entró a terciar en el debate de la emergencia social y le pidió al Gobierno permitir que medicamentos genéricos les hagan competencia a aquellos productos costosos que “en buena medida” han contribuido al “colapso financiero del sistema de salud”. (VER CUADRO: DIFERENCIA DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA Y OTROS PAÍSES) En carta enviada al presidente Álvaro Uribe, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz demandó suspender de inmediato la protección a los medicamentos de los recobros abusivos (al Fosyga) y negarla a todos aquellos cuyo monopolio pueda constituir una amenaza para el bien público. Así mismo, le solicita al Presidente que, al amparo de la emergencia social, otorgue de inmediato licencias obligatorias para el Kaletra (contra el sida) y demás medicamentos protegidos que sean de interés para la salud pública. En la misiva, firmada además por monseñor Fabián Marulanda, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, y los directores de Ifarma y Misión Salud, Francisco Rossi y Germán Holguín, respectivamente, se pide derogar una medida que data de 1995 para abrir la puerta a las importaciones paralelas de medicinas que gozan de exclusividad comercial. Las tres propuestas, le recuerdan al presidente Uribe, están contempladas como derechos por la Organización Mundial de Comercio y reafirmados en la Declaración de Doha cuando se trata de salvaguardar la salud pública. Para Monseñor Rubiano y demás remitentes, se trata de evitar abusos de precios generados por el monopolio. Apoyados en información publicada por EL TIEMPO hace 15 días, sobre 12 medicamentos recobrados al Fosyga, señalan que en nueve países de la región Colombia tiene los precios más altos en cinco medicinas y los segundos más altos en las otras siete. En el grupo de siete está Enbrel, de Pfizer que en su presentación de 50 mg fue recobrada al Fosyga el año pasado a un promedio de 868.051 pesos y a la cual el Ministerio de la Protección Social le acaba de fijar un precio máximo de 737.183 pesos. Ifarma y Misión Salud volvieron a solicitar una licencia obligatoria para Kaletra –la misma petición no prosperó el año pasado porque el Minprotección consideró que no era de interés público–, que, dicen, podría bajar otro 65 por ciento. Al Kaletra, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos le estableció en abril del 2009 un precio máximo de 1.067 dólares, la tercera parte del valor al que lo factura Abbott, pero solo en enero el laboratorio redujo el valor. PRECIOS ELEVADOS EN CASOS DE MONOPOLIO De acuerdo con la carta mencionada, menos del 5 por ciento de los medicamentos cobrados por las EPS al Fosyga suman cerca del 85 por ciento del valor recobrado y todos ellos “gozan de monopolio otorgado por el Estado bajo el decreto 2085 de 2002”. En otros países de la región, como lo informó EL TIEMPO, muchas medicinas son más baratas que en Colombia, pero no pueden importarse porque hace 15 años el gobierno de Ernesto Samper dispuso que para ello se requiere la autorización del fabricante, “autorización que lógicamente nunca llega”, afirma la carta de Monseñor Rubiano. El Cardenal pide que se derogue esa norma con el fin de que Colombia pueda beneficiarse de los costos más bajos en otros países
Como una “emergencia social” la cual requiere priorizar la asignación de presupuestos departamentales, nacionales e internacionales calificaron diversos candidatos al congreso los datos sobre Necesidades Básicas Insatisfechas que aquejan a más del 30% de los campesinos en el departamento de Risaralda reveladas en el foro CUAL ES SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ EN RISARALDA Y COLOMBIA, 2010-2014 convocado por la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la Universidad Católica Popular de Risaralda.
El Centro por el Desarrollo Humano y la Paz, CEDHUPAZ, de dicha universidad, a través de su coordinar, Orlando Parra G, reveló que según datos del DANE (2009), uno de cada tres habitantes de las áreas rurales de los municipios Risaraldenses tienen sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) y que en Pueblo Rico y Mistrató es la mitad de su población en general la que se encuentra en tan lamentable situación.
Los candidatos plantearon diversas alternativas, tales como convocar la emergencia social que permita asignaciones presupuestales urgentes, la constitución de un Banco de Reserva Alimentaria, fueron críticos en torno a la asignación de recursos para mega obras que salen de esa urgencia, hablaron de los niveles de corrupción que se han alcanzado en los dos municipios aludidos, el ingresar al esquema de venta de áreas forestales para oxigeno planetario, facilidades a los pequeños y medianos inversionistas y especialmente aunar esfuerzos entre parlamentarios y gobernantes para enfrentar la grave situación.
Samuel Eduardo Salazar, candidato a la cámara por el Partido Verde, llamó a estudiar el documento del vicerector de la UCPR, Mario Gaviria RISARALDA, PERSPECTIVAS DE DESARROLLO para que sirva como guía a tal esfuerzo mancomunado, y a alcanzar los niveles de inversión en los más necesitados de países como Chile, pasando del 14 al 29% de los presupuestos públicos; Guiovany López de la ASI (Fajardo) recordó como de 29 millones de personas aptas para votar, sólo 9 millones lo hacen, dejando las grandes decisiones del país en manos de una minoría; Marta Elena Bedoya del partido de la U, llamó a quienes han sido gobernantes, como ella, a realizar una auto critica por tan deplorable situación social, insistió en la gratuidad de la educación, manifestó que se siente directamente afectada (“tengo dos canceres”) por los decretos de la emergencia en salud; Juan Carlos Valencia, planteó la necesidad de crear una Ruta Verde a nivel ambiental; Rodrigo López del Polo, exhortó al intercambio humanitario y en la derogatoria de la ley 100, entre otras propuestas presentadas por los diversos candidatos.
El Padre-Rector Ruben Dario Jaramillo, declaró el día (y la noche de éste ) lunes 22 como día pre electoral e invitó a todos los candidatos y candidatas a hacer presencia en las instalaciones de la universidad;anunció el interés de la UCPR porque “a partir de la fecha, el ultimo lunes de cada febrero de cada año, se realice el panel ¿COMO VAMOS RISARALDA/PEREIRA? al cual serán invitados los gobernantes de turno y los actores protagónicos para hacer un acompañamiento a las realidades socio económicas políticas y culturales que nos atañen”.
(Zacarias Mosquera, Sammy Mehreg se excusaron momentos antes de asistir, de igual manera se excusaron, anticipadamente, Elsa Gladis Cifuentes, Diego Naranjo y Diego Patiño Amariles)
UCPR COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ
Pereira, Febrero 22 de 2010 Comunicado Nº 649
La Universidad Católica Popular del Risaralda UCPR, a través del Centro por el Desarrollo Humano y la Paz CEDHUPAZ, realizó a partir de las 8:00 a.m. en la Sala del Estudiante Francisco Nel Jiménez Gómez, el gran panel de discusión ”MI COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ EN RISARALDA Y PEREIRA ES?” Evento en el cual, estuvieron presentes los candidatos Martha Elena Bedoya, Rodrigo López Maya, Samuel Eduardo Salazar, Juan Carlos Valencia y Giovanny López Sánchez, quienes aspiran obtener una curul por Risaralda al Senado y la Cámara de Representantes .
“Este encuentro lo realizamos, con el ánimo de escuchar y sentar unas bases sólidas y unas metas comunes, claras y unificadas con los próximos Congresistas de la República para Risaralda. Esto dado los preocupantes índices de Desarrollo Humano que muestran ciertos municipios del departamento. Por ello, la UCPR a través de CEDHUPAZ se ha propuesto acompañar anualmente estos acuerdos,” comentó Orlando Parra, Coordinador de CEDHUPAZ.
En el evento, los candidatos asistentes se mostraron complacidos por la gran presencia y participación de universitarios, los cuales escucharon atentamente las propuestas políticas expuestas.
De igual manera, el presbítero Rector de la UCPR, Rubén Darío Jaramillo Montoya, expresó a los candidatos que, “la UCPR, está siempre abierta, como un espacio democrático, donde prima la discusión, la cual facilita los procesos de liderazgo político.”
Así, la UCPR, sirve como intermediaria en los procesos políticos del país y de la región, a través del desarrollo de este tipo de paneles, los cuales buscan integrar de una manera común las políticas que se desarrollarán para el Departamento de Risaralda y la Región.
La Universidad Católica Popular del Risaralda por medio del Centro por el Desarrollo Humano y la Paz, Cedhupaz reveló que según datos del Dane (2009), uno de cada tres habitantes de las áreas rurales de los municipios risaraldenses tienen sus necesidades básicas insatisfechas (NBI), destacando Pueblo Rico y Mistrató, donde la situación se extiende a la mitad de estas poblaciones.
Así se dio a conocer en el panel Mi Compromiso con el Desarrollo Humano en Risaralda y Pereira es?, donde se expusieron los propósitos de distintos candidatos al Congreso la República por Risaralda, alrededor de la crisis del campo.
En el evento estuvieron presentes los candidatos a la Cámara y Senado, Marta Elena Bedoya y Juan Carlos Valencia, respectivamente, así como los aspirantes a la Cámara de Representantes, Rodrigo López Maya, Samuel Eduardo Salazar y Giovanny López Sánchez.
Los candidatos que asistieron se mostraron complacidos por la gran presencia y participación de universitarios, los cuales preguntaron y escucharon atentamente las propuestas políticas que fueron expuestas con base en el modelo económico y el campo, la crisis mundial y la pobreza, la deserción escolar, el plan de inversión y los presupuestos, y la importancia de la formación ciudadana en época electoral.
“Este encuentro lo realizamos, con el ánimo de escuchar y sentar unas bases sólidas, comunes y claras con los próximos congresistas de la República para Risaralda. Esto dado los preocupantes índices de desarrollo humano”, dijo Orlando Parra, coordinador de Cedhupaz.
Para citar este libro puede utilizar el siguiente formato: Gaviria Ríos, M.A.:(2009) Risaralda, evolución y perspectivas de desarrollo, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2009a/515/
Envíe sus comentarios sobre el libro directamente al autor:mgavi@ucpr.edu.co
Instantánea sobre el tema 'War is Personal', del fotógrafo estadounidense Eugene Richards, que forma parte de un reportaje de Getty para 'The Sunday Times'. Esta fotografía ha obtenido el primer premio en la categoría 'Contemporary Issues Stories' del concurso World Press Photo of the Year 2009.
Según estudio del Ministerio del Interior y de Justicia.
Un estudio presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes que han cometido algún delito, reveló que de 1.634 jóvenes encuestados, el 50% delinquió bajo efectos de sustancias psicoactivas. Además, el 26% de los entrevistados comete el ilícito con el objetivo de comprar estupefacientes. Según el ministro Fabio Valencia, la vía para que los adolescentes lleguen a la droga es el consumo de licor, y bajo los efectos de éste, un 27% de los jóvenes ha entrado en conflicto con la ley. “Ya hemos tomado medidas: se ha prohibido el expendio a menores. Le hemos pedido a la policía que así como luchamos fuertemente contra los expendios, también sigamos sancionando y cerrando sitios públicos donde se venda alcohol a jóvenes, que es tan grave como la incidencia de las drogas”, dijo el funcionario. Sobre la inclusión de atención a los adictos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), Valencia Cossio se comprometió a velar para que esto sea una obligación. Dijo que por decreto el 30% de las incautaciones serán para atender a este grupo de la población: “Todo sitio que encontremos con consumo masivo de droga se lo vamos a entregar a municipios o distritos para que allí funcionen centros de rehabilitación, o centro de atención a los jóvenes”.
*CANDIDATO: ¿CUAL ES SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ, 2010-2014?
Fecha: Lunes 22 de Febrero, 8am, Sala del Estudiante, UCPR
Descripción: Invitación formulada a los candidatos a la Cámara y al Senado para las elecciones del 14 de Marzo del 2010, para que expresen su posición en torno a los preocupantes índices de Desarrollo Humano en Risaralda y Colombia así como del incremento de la violencia homicida, especialmente urbana.
*INVITACIONES A CANDIDATOS PRESIDENCIALES, para conferencias en torno a la pregunta ¿CUAL ES SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ, 2010-2014?
Fechas: sujetas a agendas de las y los candidatos
*SEMINARIO INTERNACIONAL, ESPACIO PUBLICO Y DESARROLLO HUMANO
Fecha: Miércoles 18 y Jueves 19 de Agosto, Salon Dabar, UCPR
Descripción: En el marco del convenio de Cooperación de la Universidad Católica Popular de Risaralda, (http://www.ucpr.edu.co/) con la Alcaldía de Pereira (http://www.pereira.gov.co/ ) para el acompañamiento al Programa Integral de Manejo de las Ventas Informales, PIMVIP Con Todos y con Todo (http://www.contodosycontodo.blogspot.com/ ), se ha convocado, en la celebración de las Fiestas (aniversarias) de la Cosecha, en nuestra ciudad el ENCUENTRO INTERNACIONAL ESPACIO PUBLICO Y DESARROLLO HUMANO, 2010, al cual han sido invitados los alcaldes de Lima (Perú), Quito, Guayaquil (Ecuador), Buenos Aires, Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay) Sao Paulo, Salvador (Brasil) y Bogotá, entre otros
Aliado Organizacional: Alcaldía de Pereira, FENALCO.
*ENCUENTRO POR EL DESARROLLO HUMANO Y PAZ, 2010
Fecha: Septiembre 16 y 17 de 2010
Descripción: Con el propósito de profundizar en la reflexión, interpretación y análisis de experiencias orientadas a la construcción del desarrollo humano y la paz, la Universidad Católica Popular del Risaralda ha pretendido configurar un espacio, momento de reunión y encuentro de las diferentes entidades y personas que impulsan programas con la comunidad, para la solución de conflictos y la creación de espacios de convivencia y respeto a la dignidad humana. En una perspectiva más amplia el encuentro por el desarrollo humano y la paz se propone como un medio para difundir y anunciar la multiplicidad de acciones y de propuestas orientadas a la construcción de una sociedad más tolerante, respetuosa de la vida y la dignidad
Este evento ha adquirido una estabilidad anual, 2008: Encuentro Nacional: “las otras violencias, la otra paz” y 2009: Encuentro Gran colombiano (Sur Americano) por el Desarrollo Humano y la Paz (ponencias en http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/index.html ) construyendo para el 2010, una alianza con la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, ASCUN y con el SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL, para tal esfuerzo
El OBJETIVO GENERAL del 2010: construir y consolidar un espacio académico para la reflexión, interpretación y análisis de experiencias orientadas a la construcción de condiciones orientadas al desarrollo humano y la paz.
Aliados Organizacionales: Centro de Investigaciones UCPR, ASCUN, Secretariado Nacional de Pastoral Social.
"Usted puede contribuir a la paz negociada y justa en Colombia"
Este es el lema de la segunda fase de la Campaña "La paz en Colombia es posible”, impulsada por la Conferencia Episcopal Colombiana y el Grupo de Trabajo por Colombia, como un llamado a la paz, a través del diálogo y la justicia social. En esta segunda fase se hace énfasis en la problemática humanitaria y la necesidad de encontrar soluciones a la misma. Se trata de concientizar sobre el estado de emergencia social que se vive en el país, haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana. También se trabaja en la construcción de nuevos caminos para la paz, desde una reflexión orientadora que promueve una política nacional coherente para contribuir a una sociedad con verdadera justicia.
A través de esta campaña internacional de incidencia política, hacemos un llamado a la sociedad colombiana, al Estado y a la comunidad internacional, para que apoyen el proceso hacia una paz negociada y justa. Llamamos a todas las fuerzas positivas a unirse en esta iniciativa, dando testimonio de vida, acogiendo a las víctimas que sufren la tragedia de la guerra y de las injusticias, en especial a las personas desplazadas.
LA PAZ EN COLOMBIA ES POSIBLE: POR UNA PAZ NEGOCIADA Y JUSTA
Desde 1999 las Cáritas de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, España, Noruega, Holanda y Colombia han unido esfuerzos en una cooperación solidaria por la paz, a través del Grupo de Trabajo para Colombia (GTC) de Caritas Internationalis (CI), presidido por el Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC). En mayo de 2001 el GTC empezó una reflexión sobre la posibilidad de promover una campaña confederal para incidir internacionalmente por la paz en Colombia.
El 13 de octubre de 2004 se lanzó a nivel mundial la campaña “La paz en Colombia es posible: por una paz negociada y justa”. Con esta iniciativa Caritas Internationalis reafirma su respaldo a la posición de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que la paz en Colombia es posible, que la paz sólo se obtiene mediante negociaciones y que la paz sólo es duradera a través de la justicia social.
El 19 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Segunda Fase de la Campaña, en el marco de la celebración de los 50 años de la Cáritas Colombiana. Propósitos y proyecciones de esta segunda fase:
- A nivel internacional, asegurar una diplomacia para apoyar las negociaciones entre las partes armadas del conflicto colombiano.
- Generar políticas de cooperación para el desarrollo que faciliten las negociaciones, contribuyan a la justicia social y respondan a los efectos del desplazamiento y sus causas.
- Impulsar una política nacional coherente que asuma negociaciones y un papel de protagonista en la transformación social; que contribuya a disminuir la brecha social existente por la inequidad, el conflicto armado interno y a la construcción de una sociedad justa.
- Trabajar por el reconocimiento político de la situación colombiana en general y de la crisis humanitaria actual y los derechos de las víctimas de la guerra, especialmente de las personas desplazadas. Ayudar a aliviar esas situaciones y proponer soluciones sostenibles hacia el desarrollo económico y social.
La Corte Suprema de Justicia tiene claro que las verdades del paramilitarismo tienen que salir a flote para beneficio de la sociedad colombiana y está dispuesta a cumplir con este deber histórico hasta sus últimas consecuencias. En el país lo promueve con diversas decisiones, como recobrar la competencia para procesar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica, y a nivel internacional comienza a dar decisivos pasos para garantizar que no queden sin castigo sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esta misma semana, el alto tribunal avanzó en una inusual gestión internacional que ya tiene agenda complementaria para los próximos días y que dará de qué hablar en Colombia, por los efectos que van a derivarse de tal acción. Con la evidencia de ser blanco del acoso de distintos sectores, incluso del Estado, la Corte puso en conocimiento de altas instancias de Estados Unidos su crítica situación, al tiempo que emprendió labores para que en Europa también quede claro que no obra políticamente, sino que defiende el derecho a la justicia. Una delegación de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente Augusto Ibáñez, además de algunas reuniones académicas en universidades norteamericanas, sostuvo trascendentales encuentros con altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales no sólo les hizo saber las dificultades que hoy afrontan en su propósito de cerrarle el paso a la impunidad, sino que el debate permitió plantear si algunos episodios pueden rayar en obstrucción a la justicia. La gira en Washington permitió otra cita inédita en las relaciones entre las dos estados: los presidentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Un encuentro tan protocolario y solemne como directo y especializado. Se habló de cooperación judicial entre las dos naciones, de la necesidad de luchar contra la impunidad y de un tema histórico que resultó clave en otras reuniones: el legado del Tribunal de Nuremberg como punto de partida de la nueva justicia. Como lo acuñó el magistrado Augusto Ibáñez en reciente entrevista con Yamid Amat, “el siglo XXI es el siglo de los jueces y el siglo de las víctimas”, y en las entrevistas de la delegación de la Corte Suprema de Justicia con dignatarios de Estados Unidos, quedó refrendado este axioma. El juez encerrado en su despacho y ajeno a la evolución social es un rol del pasado. Hoy se requiere una justicia activa y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron saber en Washington que cumplirán ese papel, cualquiera sea el precio. Sin embargo, en medio de su agenda en Estados Unidos, los dignatarios de la Corte tuvieron tiempo para examinar internamente cómo robustecer su deber en el crítico escenario colombiano. Y en sus reflexiones a puerta cerrada no tardaron en surgir los tropiezos. El principal de ellos, la forma como desde otros frentes del Estado es evidente la intención de controvertir sus acciones. Se comentaron, por ejemplo, las dificultades que hoy afronta la jueza que debe fallar el caso del Palacio de Justicia, blanco de múltiples amenazas. Igualmente se habló de las medidas de protección que hoy tiene la magistrada María del Rosario González en la OEA y que deberá justificar en los próximos días en Washington. Pero sin duda, el asunto más preocupante, del cual no se habló con las personalidades de Estados Unidos, pero tiene en ascuas a la Corte Suprema, es el comportamiento observado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien no ha ocultado su intención de controvertir el camino del alto tribunal respecto al explosivo tema de la parapolítica. “La Corte Suprema tiene claro que el procurador Ordóñez no descarta entablar una tutela para tumbar la jurisprudencia que recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica, pero también sabe que de llegarse a esta instancia, tiene un camino inevitable para preservar la justicia”, comentó una fuente cercana al alto tribunal, quien además no descartó que en los próximos días la Comisión de Acusación de la Cámara la emprenda judicialmente contra algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, esa senda legal también pasa por los estrados internacionales. De ninguna manera la Corte Suprema quiere renunciar a su deber judicial y hará todo lo que esté a su alcance para que la sociedad colombiana se sienta interpretada con sus decisiones, pero también tiene claro que si la impunidad se erige como una amenaza real, los magistrados están dispuestos a llevar sus investigaciones a la Corte Penal Internacional, cuya facultad ya es una realidad para Colombia y los 97 países restantes que aceptaron su competencia. Hasta el momento, este organismo tiene opción de evaluar los delitos de lesa humanidad y episodios de genocidio que la justicia colombiana no aclare debidamente, pero vencida la salvaguarda que por vigencia de siete años se invocó en noviembre de 2002, el organismo puede entrar a suplir a la justicia colombiana en aquellos crímenes de guerra que queden sin castigo. Incluso, el Estatuto de Roma prescribió que puede asumir casos de personas enjuiciadas cuando las decisiones judiciales determinen la prevalencia de la impunidad. Así las cosas, y para blindar su ejercicio, la Corte Suprema de Justicia ya diseñó su próxima gestión. La segunda semana de noviembre, la misma delegación que estuvo en Washington hará presencia en Bruselas (Bélgica), para explicar su presente a los altos dignatarios de la Comunidad Europea, y de paso entrará en contacto con la Corte Penal Internacional, para compartir criterios y establecer de qué manera se pueden ayudar en el propósito común de que la justicia quede preservada en cualquiera de los dos estrados.
La Corte Suprema de Justicia prefiere que todo se resuelva en Colombia y por eso ha insistido no sólo en que se respeten sus decisiones, sino que la sociedad entienda que está cumpliendo con su deber. En ese sentido recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica y dictaminó que los investigados en Justicia y Paz pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Pero si se imponen las talanqueras y queda al margen, será la primera en acudir a la justicia internacional para que la verdad termine por imponerse. En las celdas El otro frente internacional en el accionar de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizó el magistrado investigador Iván Velásquez, quien también estuvo en Washington, pero no reunido con altos dignatarios del Poder Judicial norteamericano, sino con los jefes paramilitares que fueron extraditados en mayo de 2008 y que no terminan de convencerse de que aún pueden contribuir a la justicia colombiana, porque su prioridad es resolver sus cuentas pendientes con Estados Unidos en lo que tiene que ver con las imputaciones de narcotráfico. El magistrado Velásquez no estuvo solo. Después de los reclamos del procurador Alejandro Ordóñez, lo acompañó el representante del Ministerio Público Jairo Delgado, y con ellos estuvo James Faulkner, delegado judicial de la Embajada de EE.UU. en Colombia. La misión se concretó en establecer qué saben y en qué pueden contribuir para fortalecer los procesos de la parapolítica y la Ley de Justicia y Paz. Los entrevistados fueron Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Los tres están presos en cárceles cercanas a Washington y tienen duros cargos por narcotráfico. Sin embargo, de entrada, como lo habían advertido funcionarios de Estados Unidos, Pablo Sevillano, ex comandante del Bloque Libertadores del Sur, no tiene interés alguno en colaborar con la justicia colombiana. En caso de que cambie su postura, podría ayudar a corroborar si algunos políticos del suroccidente del país recibieron su apoyo para fortalecerse electoralmente a cambio de permitir su expansión hacia el Pacífico. En cambio Salvatore Mancuso, en contravía a una extensa carta fechada el pasado 30 de septiembre en la cárcel Northern Neck de Virginia, en la cual manifestó su decisión de retirarse de la Ley de Justicia y Paz, planteó la opción de regresar por el camino de la colaboración, pero les hizo saber, como lo testificó en la misma misiva, que para acceder a sus peticiones debe reunirse con sus hombres, porque reconstruir la verdad es un dispendioso camino que requiere aclarar muchos enlaces y no menos detalles de su tiempo en la guerra. El tercer entrevistado, Jorge 40, quien desde su extradición se ha mostrado remiso a cualquier cooperación con la justicia colombiana, esta vez no dijo ni sí ni no. Su posición siguió siendo escéptica. De alguna manera, corresponde a la que han defendido la mayoría de los jefes paramilitares extraditados, es decir, primero quieren que les garanticen la protección a sus familias, incluyendo su salida del país y la aceptación en algún sistema de protección de testigos, lo que hasta el momento ha sido sistemáticamente negado por las autoridades. Aunque en términos generales prevalece el desgano de los extraditados por recobrar su senda en Justicia y Paz, tampoco cierran sus puertas a rendir testimonios que permitan esclarecer cuáles fueron los derroteros del paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, la sensación que impera es que prefieren saldar sus cuentas con la justicia norteamericana. Le temen a la Corte Penal Internacional y por eso le escriben con ánimo de colaboración, pero de alguna manera confían en que entre Estados Unidos y Colombia resolverán sus cuentas. La delegación de la justicia colombiana tuvo, además, la oportunidad de contactarse con antiguos capos del cartel del norte del Valle, quienes increíblemente no ocultan su esperanza de regresar a Colombia sin deudas con la justicia, pero siguen siendo muy cautos para desnudar sus verdades. “Apenas tantean el terreno”, comentó un abogado norteamericano que conoce sus procesos, pero cree improbable su contribución a esclarecer en el país el tenebroso rastro que dejaron antes de ser extraditados. La Corte Suprema de Justicia, a diferencia de otros organismos oficiales, no quiere desistir en el objetivo de que los jefes paramilitares cuenten todo lo que saben. Algunos de ellos ya tienen claro que no les interesa y tampoco la justicia colombiana va a insistirles. Pero los más conocidos, aquellos que estuvieron más cerca del poder político, saben que tienen en sus manos muchas verdades que pueden cambiar la historia. El alto tribunal trata de convencerlos de que tienen una misión trascendental. Las apuestas de la Corte Suprema de Justicia son claras. En Colombia va a dar la pelea para preservar su competencia en el juzgamiento de los congresistas de la parapolítica y en la tesis de que quienes accedieron a dignidades en la democracia y favorecieron a una organización criminal, tienen obligaciones con lo que hicieron los victimarios. Y si no logran demostrarlo, ya saben que la justicia se ha globalizado y que la Corte Penal Internacional nació para que los crímenes de guerra no queden impunes. Los jefes ‘paras’ extraditados El 13 de mayo de 2008, después de sucesivos escándalos en el proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensas, súbitamente fueron extraditados a Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, 13 de los principales jefes del paramilitarismo. Días antes había corrido la misma suerte Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Los jefes ‘paras’ extraditados fueron Salvatore Mancuso, Diego Murillo (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Edwin Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolindo) y Eduardo Vengoechea.
En Colombia quedaron, entre otros, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Ramón Isaza, Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán) y Enrique Bánquez (alias Juancho Dique). Las decisiones de la controversia El 1° de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación histórica: recobró sus facultades para investigar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica. Estos funcionarios habían renunciado a su fuero parlamentario para eludir los procesos de única instancia y ser procesados por la Fiscalía y los jueces. La última decisión, igualmente polémica, advierte que los procesados de la Ley de Justicia y Paz aún pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, y también es viable sostener la tesis de que los parapolíticos deben responder por igual que los victimarios. La Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, se ha opuesto a esas decisiones. La entrada de la Corte Penal Internacional En noviembre de 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Colombia invocó el artículo 124 con una salvaguarda de siete años para investigar los crímenes de guerra. Esa excepción se cumple en próximos días, ante lo cual la Corte puede investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones de genocidio. La idea es que en aquellos estados que adhirieron al Estatuto y no se castiguen estas conductas extremas, la CPI pueda investigar de manera subsidiaria, a fin de impedir que se imponga la impunidad. El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998, pero sólo se hizo válido a partir de 2002, cuando 98 estados aceptaron su jurisdicción. Entre esos países estuvo Colombia, que pidió la excepción de siete años, con la esperanza de que en ese tiempo se pudiera aclimatar un proceso de paz con los grupos armados. La piedra angular de la Corte Suprema Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de las investigaciones de la parapolítica, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, precisamente por cuenta de las indagaciones sobre los nexos de políticos con paramilitares. En 2007, un procesado por paramilitarismo, apodado Tasmania, acusó al magistrado Velásquez de presionarlo para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, meses después se constató que se trató de un montaje para desprestigiar al magistrado. Hoy, el abogado antioqueño Iván Velásquez sigue siendo el soporte fundamental en las investigaciones de la Corte Suprema por el escándalo de la parapolítica y ha sido blanco de persecuciones e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.
El pimero de noviembre se acaba la salvaguarda que le impidió por 7 años conocer crímenes de guerra. Pero desde hace meses varias misiones han llegado a recaudar información de casos específicos.
Sudán, el Congo, Colombia, Uganda... Funcionarios del Gobierno colombiano manifestaron su malestar cuando, en mayo último, en un video sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) -en el que aparece el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo-, el país fue incluido en el paquete de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más grandes tragedias humanitarias de la historia reciente. Ese día se confirmó que Colombia está bajo 'observación oficial' de la CPI, término diplomático que significa que ya hay casos concretos de lesa humanidad y posibles genocidios, que, en su criterio, podrían terminar en su órbita si se prueba que en el país no se impartió eficaz justicia. Fatou Bensouda, fiscal adjunta de la CPI, lo ratificó por esos días en una reunión en Bruselas: "Situaciones en cinco países de cuatro continentes están bajo análisis: Colombia, Georgia, Costa de Marfil, Kenia y Afganistán". Y, a partir del primero de noviembre, su radar se ampliará. Ese día expira la salvaguarda firmada por los presidentes Pastrana y Uribe, que impidió por 7 años que la CPI conociera uno de los capítulos más extensos del conflicto: los crímenes de guerra (que tienen que ver directamente con enfrentamientos armados). Sin embargo, la Corte no empezará de ceros en Colombia. Ya le ha pedido al Gobierno información sobre casos de lesa humanidad y genocidios: En marzo del 2005, indagó sobre conductas de este tipo atribuidas a jefes 'paras', guerrilleros y, también, a la Fuerza Pública. Y en julio del 2008 el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a E.U. -país que no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a este tribunal- podría afectar el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes bajo su competencia, incluyendo ex Auc y políticos. "Los 'paras' han confesado muchos crímenes -dice en el video el fiscal Moreno-, pero, ¿Colombia ha preguntado quién los financió y les dio soporte político y quién dio las órdenes?". Y advirtió: "La Corte intervendrá cuando los estados no realicen investigaciones o ellas no sean genuinas". Significa que puede revisar casos en los que hubo condenas nimias y no se identificaron todos los autores. La CPI también indagó por apoyos externos (de personas y países) a grupos ilegales colombianos y sobre el PC de 'Raúl Reyes'. No es gratuito que emisarios de las Farc estén indagando en La Haya cómo funciona esa justicia. Los dos visitantes Lo que pocos saben es que, de manera paralela, el fiscal Moreno ha enviado varias misiones a recaudar información sobre casos específicos. Paul Seilis, su fiscal auxiliar, inició la primera indagación en julio del 2008 y hoy la sigue Monserrat Carbonell. "Se han reunido con fiscales de DD.HH. y de Justicia y Paz; delegados ante la Corte Suprema y magistrados de ese tribunal. Y han recibido información de ONG", dice una fuente judicial que coordinó personalmente los encuentros. Preguntaron por nombres específicos en 'parapolítica' y por un general (r). Tomaron nota de masacres, violencia sexual, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y nexos entre políticos y procesados en Justicia y Paz. En muchos de esos campos, la justicia tiene resultados para mostrar. En la más reciente respuesta a la CPI, el embajador de Colombia ante los Países Bajos, Francisco Lloreda -interlocutor oficial con ese tribunal-, destacó los "esfuerzos significativos en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz". Y en diálogo con EL TIEMPO, habló de los logros de la Fiscalía (en la administración Iguarán) en casos como 'falsos positivos', que, en su criterio, no se constituirían en delitos de lesa humanidad por no ser una práctica generalizada y sistemática. La justicia, liderada por la Corte Suprema, también ha condenado a 11 políticos por nexos con 'paras'; hay 7 en juicio; 32 en indagatoria; 8 en versión libre; y 25 en indagación. Niños soldados Pero hay varios huecos que le podrían dar cabida a la justicia internacional. El mismo fiscal Moreno, aunque reconoce los avances en las investigaciones y la fortaleza de las instituciones colombianas, ha dicho que "hay una gran contradicción frente a los niveles de violencia e impunidad". Hay preocupación por un estancamiento de Justicia y Paz que podría abrirle puertas a la CPI. ¿La razón? La única condena obtenida tras cuatro años, se cayó por procedimiento. Y cerca de dos mil desmovilizados que pidieron cupo ni siquiera han aparecido. En cuanto a las guerrillas, todos los de sus cúpulas están condenados. Pero no hay uno solo pagando cárcel. "Eso también es justicia ineficaz", dice la responsable de una ONG. Y hay dos caras dramáticas del conflicto en las que la justicia colombiana no avanza y que, precisamente, son la esencia de los juicios que lleva la CPI contra líderes de grupos armados en Congo y Uganda: reclutamiento de niños y violencia sexual. En Colombia, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Reintegración están dándole los últimos retoques a una estrategia para ubicar a centenares de menores que estaban con los 'paras' y que, como lo verificó EL TIEMPO el año pasado, simplemente fueron enviados a sus casas días antes de las desmovilizaciones. Según ONG, en los últimos cinco años han sido reclutado a 17.000 niños. Las Farc, con la mitad de esa cifra, son el principal responsable; seguidas por bandas emergentes en La Guajira, Cesar, Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. "Sin duda, el reclutamiento de menores en Colombia va a ser tema de la CPI -dice uno de los altos responsables de Unicef en Colombia-. Entre otras razones porque las penas de la CPI son más severas que las previstas acá". En cuanto a violencia sexual, los 'paras' apenas han confesado 10 casos, aunque las mujeres víctimas de abuso por todos los grupos armados podrían pasar de 10 mil. Las prescripciones y el represamiento de expedientes son otro hoyo negro. En la Justicia Penal Militar, por ejemplo, hay 13 mil expedientes en el limbo y 707 prescritos que fueron denunciados por el propio Ministerio de Defensa. Es más, esa cartera optó por delinear un plan judicial y de Derechos Humanos, para enfrentar las posibles indagaciones de la CPI, que, indudablemente, ya está aquí. Mario IguaránEx fiscal General de la Nación "Hay resultados a la vista, en 'falsos positivos', desaparición forzada... Y en el Estado hay una cultura de respeto a la CPI. Pero también hay insatisfacciones como la expresada en la condena por la masacre de La Rochela en la que tribunales externos le dicen a Colombia que no pueden perdonar que en estos casos no haya una real justicia". Eduardo CifuentesEx magistrado y decano de la U. de Los Andes "Al levantarse la salvaguarda habrá una garantía adicional contra la impunidad. Se envía una señal a los grupos armados ilegales y al mismo Estado de la gravedad de atentar contra la población civil. Obliga a la justicia a operar con fluidez y a los países a actuar frente a los crímenes". Augusto RamírezEx canciller "El efecto que buscaron los presidentes Pastrana y Uribe al disponer la salvaguarda no se produjo. Se hizo para que los grupos armados ilegales, especialmente la guerrilla, entraran en un proceso de paz y evitar que les fueran aplicadas las normas que ahora van a entrar en vigencia". Guillermo Mendoza DiagoFiscal General (e.) "La justicia colombiana no ha dejado la puerta abierta para que entre la CPI. La Fiscalía y demás instancias judiciales han investigado y emitido sentencias. Creo que habrá casos que se ventilen allá, pero con base en lo que ha hecho la justicia aquí, la CPI, no tendría razón para suplirnos". Iván Cepeda CastroRepresentante de las víctimas. "Los resultados son pobres: no hay condenas en Justicia y Paz ni reparación a las víctimas por la vía judicial. Además, 18 ex jefes paramilitares están en E.U. y eso no garantiza que haya justicia. No tenemos estándares satisfactorios de justicia y esto lo considerará la CPI". Gustavo Gallón GiraldoComisión Colombiana de Juristas. "La salvaguarda fue una decisión contraria a los derechos de las víctimas y retardó la posibilidad de que la CPI ejerciera jurisdicción plena en Colombia. Lo único que tiene que hacer el país es que sus instituciones impartan justicia sobre las graves violaciones a DD.HH". ¿Sirvió la salvaguarda? ¿Qué viene ahora? Innecesarios. Así califica el ex senador Jimmy Chamorro -ponente del proyecto que convirtió en Ley el Estatuto de Roma-, los siete años de salvaguarda pedidos por Colombia a la CPI. "No sirvieron para nada. Fue el peor error que pudo cometer el Gobierno, porque no logró lo que quería: Los jefes 'paras' fueron extraditados a Estados Unidos y tampoco sirvió para adelantar un proceso con las Farc", asegura. Y añade: judicialmente tampoco hubo resultados en este lapso. "El esfuerzo de Justicia y Paz para investigar a los autores de crímenes de guerra desapareció y se convirtió en algo inocuo tras la extradición de los 'paras', que se siguen negando a hablar. Esa extradición le puso una bomba de tiempo a Justicia y Paz". El ex congresista advierte que, ahora, al levantarse la salvaguarda, esto podría servir como mecanismo pacificador: "Pero quienes insistan en cometer estos delitos serán catalogados como criminales de guerra y, de no cesar sus métodos, podrán ser juzgados por el tribunal internacional". UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA
De: www.semana.com POBREZAEl período más boyante para la economía colombiana en los últimos 40 años no se aprovechó para lograr una reducción más significativa de la pobreza y de la desigualdad. ¿Qué pasó?. Sábado 29 Agosto 2009 La semana pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado. Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población. En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura". Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados. ¿Y familias en acción?Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado. Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo. Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
La Biblioteca ‘El Tintal’ de Bogotá presenta desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre ‘La Paz Cuenta’, una exposición fotográfica donde se desvía la mirada de los espectadores de las escenas de la guerra hacia las soluciones ciudadanas. En la exposición no se oculta el conflicto, el dolor y la destrucción; se busca representar escenas de esperanza y reconciliación, momentos de comunicación y creatividad. Un proyecto de la Fundación Peace Counts apoyado por GTZ y Pan para el Mundo. 9/7/2009 4 Fotografía: Uli Reinhardt Fotografía: Uli ReinhardtÁfrica del Sur: La violencia es una realidad en Pullsmore, en la prisión de Ciudad del Cabo. Pero el círculo de odio se pueden romper con métodos lúdicos como el baile. Fotografía: Paul Hahn Brasil: El policía Rubeval Franca con armas incautadas por la policía. Más de 40,000 personas mueren a causa de heridas de bala cada año en Brasil-más que en cualquier otro país. Fotografía: Uli Reinhardt Colombia: Equipos mezclados de niños y niñas son normales en cada torneo. Las reglas de la liga indican que las chicas deben hacer el primer gol en cada juego. Los jugadores aprenden que nadie puede ganar por sí solo. Fotografía: Paul Hahn Filipinas: Una bufanda colorida en la cabeza identifica a un inspector de los guardias de cese de fuego – civiles que están documentando ataques a personas y edificios, sin importar si estos pasan en zonas controladas por las fuerzas armadas o como aquí en Liguasan March, la zona de descanso de los rebeldes. Fotografía: Frieder Blickle Israel: En la Escuela de la Paz, mujeres jóvenes de Palestina (a la izquierda) y de Israel (derecha) se encierran por tres días en un cuarto para compartir opiniones. Fotografía: Uli Reinhardt Japón: Una estudiante se relaja en Barco de la Paz con un curso de tambores. Por unos minutos, ella puede olvidar el stress de las discusiones. Fotografía: Uli Reinhardt Malí: Habitantes de Tuareg, de diferentes clanes, habían peleando por tierras que sirven para el pasto. Pero comieron juntos, hablaron y encontraron una solución; ahora el acuerdo está sellado. Fotografía: Uli Reinhardt Irlanda del Norte: Joe Doherty (derecha) enfrente del nuevo Centro de Jóvenes. Él tiene un problema: Un chico constantemente ataca a otros niños. Ahora él quiere que ambos vayan adentro. Fotografía: Paul Hahn Sri Lanka: Ravindran no puede escuchar, pero sí siente las vibraciones en la garganta de su maestra. Ella está aprendiendo a hablar. La escuela para sordos emplea a 13 maestros. Cargando...
Las siguientes son los tìtulos de las ponencias presentadas en el ENCUENTRO NACIONAL, LAS OTRAS VIOLENCIAS LA OTRA PAZ 17 y 18 de Abril del 2008, Pereira, UCPR.
Una Explicación De Las Causas Económicas De La Violencia En Colombia
Resultados De Un Estudio Cualitativo Sobre La Vivencia De La Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos En Dos Escuelas Normales Superiores Del Huila.
La Gestión De La Proyección Social, Un Aporte Desde el Currículo En La Formación De Capital Social
Centro De Investigación Y Educación Popular, CINEP
Efectividad De Intervenciones Comunitarias En La Reducción Del Comportamiento Agresivo De Los Niños Matriculados En Pereira, Durante El Año 2006
Risaralda, Avances En Desarrollo Humano Y Objetivos Del Milenio
La Confianza En Los Espacios Éticos
Violencia Urbana - La Violencia Colombiana Más Allá De Las Cifras Significativas”
Fomento De La Participación Social Y El Desarrollo Cultural Como Mecanismo De Prevención De La Violencia De La Juventud De Quibdó – Choco.
Pacicultura En Familia - Meterse Al Rancho
La Geoestrategia De Los Actores Del Conflicto
El Concepto De Responsabilidad En La Construcción De Una Nueva Paz Con Niños Desvinculados De Los Grupos Armados Ilegales
Una Apuesta Conjunta Universidad - Alcaldía - Comunidad: Una Experiencia en la Construcción de Redes Sociales y Empresariales
Violencia Urbana Haciendo una Comparación entre Colombia y Otros Países
El olor del jabón y el champú llena la habitación. Jaime se pone la camisa blanca con rayas cafés mientras ‘La Tuti’ lo mira desde la cama y siente una espina cada vez más adentro del corazón.
El aire fresco de la madrugada es un soplo divino que se introduce por las narices de los bogotanos. 5:30 de la mañana, Bogotá se ducha, desayuna y va al trabajo.
Viernes 13, día en que los supersticiosos no recomiendan casarse ni embarcarse. Jaime quita el freno de mano, en el país se habla de la mala racha del presidente Pastrana; el desplome de la economía, el aumento del desempleo y el fracaso del Proceso de Paz. Lleva el vidrio abajo, toma la Calle 26 que desemboca a la Carrera 42 para llegar a la emisora Radionet. Él va de afán, va veloz. El semáforo en rojo, la moto blanca que se acerca demasiado, el cañón del revolver esperando al gatillo, la sonrisa perpleja, el impacto de unas balas frías y cobardes, unas balas sin sorpresa entran en el cuerpo del lustrabotas y ahuyentan la tranquilidad de la mañana.
“Mataron a Jaime, mataron a Jaime”, entra gritando, Yamit Amat. Sus anchas lágrimas disipan el olor a café en la sala de redacción. Todos se ponen de pie, se toman la cabeza, el nudo en la garganta y la saliva como pegante se generalizan.
La noticia aun no es noticia, los periódicos con el descontrolado olor a tinta llegan a su destino. Aída Luz Herrera, jefe de redacción de Radionet, abre los micrófonos y le da la noticia al país: ya no escucharán, nunca más, los chistes y críticas de Garzón, lo han asesinado. En cabina todos acusan del vil hecho al temido jefe paramilitar Carlos Castaño.
Espíritu juguetón, indomable y libertario
La sensibilidad social que tenía Jaime Garzón, sopesada con su madura conciencia política, hicieron de él un gran reconciliador que soñaba y se desvelaba por la paz. Su agilidad mental e inteligencia pronto lo hicieron destacable por vecinos, profesores y compañeros. Su madre le enseñó a leer y escribir a los cuatro años, siempre inculcándole amor y respeto por el conocimiento. Por eso Garzón, más que un ‘mamagallista’ fue un intelectual, un superdotado que se transformó en el inconsciente colectivo de toda Colombia.
Tiempos donde los billetes verdes abundaban, los granos de café eran apetecidos en todo el mundo y la cocaína colombiana codiciada. En un sector de clase media-baja (Sumapaz) entre cerca y lejos del poder, en Bogotá, nace en 1960 Jaime Garzón Forero.
Siempre fue la oveja descarriada del colegio y del barrio. Una oveja negra que siempre quedaba en el recuerdo de quien se le cruzaba. Estuvo en varios colegios de diferentes calibres. Fue un adolescente rebelde en tiempos en que la libertad se defendía como fuera. La música, los movimientos de izquierda y la literatura de Benedetti, Cortázar y Gabo trasegaban en la cosecha histórica en que lo establecido debía ser derrocado. El pelo largo, la marihuana y los largos pensamientos mandaban en bares y universidades, como dijo Antonio Morales -guionista del noticiero Quac- pululaban los personajes “con el Libro Rojo de Mao y el Manifiesto Comunista debajo del brazo”.
Ver hambre, miseria, corrupción, tanta muerte y desigualdad lo hicieron tomar una de sus decisiones más osadas. A sus 18 años, siendo estudiante de la ‘Nacho’ hace contactos con el ELN, grupo que ideológicamente confluía con los pensamientos del indomable espíritu de Jaime. Así, deja libros y fotocopias y las cambia por un equipo de guerra: se embarca al monte, a ese mar lleno de peligros donde llueven balas. Lo recibe el frente José Solano Sepúlveda; tal vez desde allí se podría cambiar la dura realidad del país que los dirigentes se comían, bebían y violaban todos los días.
Pero el Jaime guerrillero resultó ser una decepción: las armas lo enredaban, la estrategia militar lo confundía y sin duda, para sus compañeros, este hombre era un total fracaso. Valía más su sostenimiento en el monte que lo hecho por sus manos. Sin embargo le toleraron su desdichado espíritu partisano y le buscaron un oficio. Se convirtió en un despistado trovador guerrillero que enterraba y desenterraba la plata del grupo; sacaba a asolear los billetes para que la humedad no los consumiera. Aguantó cuatro meses. Después de muchas reflexiones entendió que ahí no hacía mucho. Explicó y argumentó su salida del monte, su decisión fue respetada y en horas llega, ‘con el rabo entre las patas’ a La Perseverancia.
Estudia derecho, ciencias políticas y física y matemáticas por los lados. La política le abrió sus puertas al enrolarse en la campaña de Andrés Pastrana para la Alcaldía de Bogotá, ahí llegó a ser el jefe de giras del próximo alcalde. Jamás dejó su característica mamadera de gallo, ni en los momentos más tensionantes, como en el secuestro de Pastrana. Ese día, el 18 de enero del 88, al presenciar el inminente secuestro, Jaime les dijo a los secuestradores que debían llevarlo a él también, “¿no ven que yo soy el jefe de giras?” Pastrana fue secuestrado y en unas semanas ya estaba libre. Gana la Alcaldía de la capital y nombra al simpático Garzón como alcalde local de Sumapaz, esa región olvidada en manos de las FARC.
En dos años como alcalde, Jaime cumplió con el pequeño poder que tenía en sus manos: construyó un centro de salud, le dio vida a una escuela y pavimentó la única vía del pueblo. En el 87 apareció por primera vez en la televisión por sus imitaciones, no era cotidiano ver a un alcalde tan zafado. Hicieron una nota periodística sobre él y más de uno lo vio y se rió. A pesar de los logros en su gestión fue destituido por el mismo Pastrana, por un comentario que llegó a oídos del conservador. Dijeron que Jaime había montado un prostíbulo, a lo que respondió sin miedo, “las únicas putas de la zona, son las putas FARC”. El día que las cinco balas entraron en su cuerpo debía posesionarse simbólicamente y recibir una indemnización, pues se comprobó que jamás existió tal lugar, por lo que su despido era injusto.
Siguió trepando y llegó a los medios junto con Eduardo Arias y Karl Troller, un par de comentaristas políticos, ácidos como un limón en su incipiente vida. Pensaron y produjeron Zoociedad, 30 minutos de humor fatal y venenoso. Jaime era un éxito en la TV. Vendría el noticiero Quac y la personalización de un buen número de sus personajes: ¿quién no recuerda a Néstor Elí el vigilante del Edificio Colombia? O a Dioselina Tibaná, la cocinera del palacio de Nariño que criticaba duramente a su jefe, el emproblemado Samper en pleno Proceso 8.000. John Lenin fue el vivo reflejo de su juventud, un muchacho izquierdoso con Marx y Lenin en su cabeza. Godofredo Cínico Caspa fue querido y odiado por la audiencia pues defendía a ultranza a la derecha, al Estado y las instituciones; una vez dijo que Colombia lo que necesitaba era un dictador –se refirió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez-. Heriberto de la calle, el lustrabotas –del noticiero CM& y luego de Caracol- fue su última caracterización. Quizás fue el personaje que más sensibilidad le dio al país, sus apuntes y preguntas tan bien formuladas siempre buscaban una verdad escondida, una verdad oculta que dejaba sin aire y en absoluto silencio al entrevistado y a la audiencia.
El humorista, periodista, politólogo, abogado, soñador, e idealista opinaba a mansalva, sin mediciones ni filtros sobre el diario vivir del país. Y aunque sus propuestas y pensamientos le merecían una etiqueta de intelectual, en su hoja de vida, enviada a la Gobernación de Cundinamarca, entre otros puntos decía que tenía estudios en: primeros, segundos y terceros auxilios, cocina para ejecutivos, curso de mecánica popular, curso de inteligencia para militares (reprobado) y aseguraba en la misiva que manejaba cursos sobre ‘como mamar gallo en medio del conflicto’. “La vida no es verdad, la vida es un chiste” dijo en repetidas ocasiones Jaime.
Su coqueteo con la izquierda le dejó contactos con la insurgencia y entre los dos poderes, Jaime intervenía para que los secuestrados regresaran del cautiverio. Tanto así que Andrés Gonzáles, gobernador de Cundinamarca, lo llamó para que fuera asesor de su despacho en el tema de las gestiones humanitarias, aceptó con la única condición de mantener un perfil bajo. Pero su discreción como gestor humanitario reventó el 23 de marzo del 98, día en que protagonizó la liberación de algunos civiles, entre ellos cuatro norteamericanos. El escenario, la vía al llano. Las cámaras se volcaron hacia él y en un abrir y cerrar de ojos, las instalaciones de Radionet se veían invadidas de familias de secuestrados que hacían fila para hablar con Garzón. Entre las cuentas de su amigo, Rafael Pardo, más de cien secuestrados llegaron a casa por las labores del humorista, pero como era de esperarse, en un país cegado por la polarización, muchos sectores no vieron con buenos ojos lo que Jaime hacía, así siempre tocara puertas a la Alcaldía, Gobernación y Presidencia para que sus gestiones fueran claras.
Su vida como personaje público fue material de primera mano para los chismosos. Dijeron que Jaime tenía yates y carros lujosos, producto de su –inexistente- lucro en las liberaciones. Más tarde se conocería que Jaime estaba escribiendo una carta a sus colegas pidiéndoles respeto y cordura, pues habían puesto su vida en peligro. Entre el periodismo y la gestión humanitaria, Jaime dio una verdadera clase de objetividad, lo demostró cuando en repetidas ocasiones y sin ningún ánimo de show invitó a cenar y hablar en su apartamento a ex guerrilleros y políticos, intelectuales de derecha y de izquierda, sindicalistas e industriales, ateos y religiosos. Un escenario donde, sin duda, la tolerancia de ideas y la resolución de conflictos eran el objetivo. Una salida a la justicia y a la verdad para unos y una molesta piedra en el zapato para otros.
“Hasta mañana tengo plazo de vida”
Un aire mortuorio le rondaba por la espalda y no lo dejaba respirar. El sudor frío en sus manos ya era característico, como también su aspecto de trasnocho, de preocupación. Con un nerviosismo desesperante se movió como nunca en sus últimos días sorteando amenazas de todos los tamaños. La tensión diaria fue producto de su inacabable esperanza para desempantanar el Proceso de Paz con el ELN y las FARC.
El costo de su labor humanitaria y periodística fue más allá el 15 de mayo del 99 a las 11:40 de la mañana. Garzón va a toda velocidad por la carretera en la vía al llano entre Granada y San Juan de Arama, en Meta. Su camisa blanca con rayas cafés no se queda quieta por el incesante viento que entra a la camioneta de la Gobernación. De un momento a otro un bus municipal está encima de su capó. No hay espacio para reacciones. Se estrella violentamente contra una flota de La Macarena, y mientras la camioneta se arruga de adelante para atrás, Jaime se siente aprisionado, las bolsas de aire salen pero no impiden que sus dos piernas se quiebren y algunos vidrios le hagan daño. Iba por un secuestrado y casi muere en el intento. Su camisa no quedó manchada.
Hablando después con el chofer de la flota, éste le dijo que de no haberse estrellado contra él, un par de kilómetros más adelante, a la velocidad que iba, se hubiese ido a un abismo pues la vía terminaba de manera abrupta. Fue una advertencia para que frenara un poco y pensara en su vida. Jaime trató de hacerlo, se alejó de las liberaciones y del Proceso de Paz mientras estaba en la Clínica Palermo y designó a ‘Alejandro’, una figura oscura que aparece tenuemente en cada documento.
Lo que sigue son amenazas cada vez más sofocantes, Jaime no deja a sus personajes y las entrevistas de Heriberto de la Calle cada vez son más urticantes. Las amenazas de Carlos Castaño lo dejan sin aliento y les comenta a sus compañeros periodistas sobre el agravamiento de los comentarios del jefe paramilitar. Hasta llegó a decir que si lo iban a matar lo mataran bien y de frente, que no lo fueran a dejar como a Navarro Wolff.
El 7 y el 8 de agosto se tomó unos días de veraneo con ‘La Tuti’ en Mariquita. Jaime hizo infructuosos esfuerzos para comunicarse con Carlos Castaño. El martes 10 de agosto visitó el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Modelo, habló con Ángel Gaitán Mahecha, jefe paramilitar, quién por fin lo puso en contacto telefónico con su verdugo. “Usted no es capaz de ponerme la cara, usted es un cobarde”, le dijo a Garzón. La conversación tuvo varios tonos hasta que acordaron que el sábado 14 de agosto un helicóptero lo recogería en Montería para encontrarse con él dos días después. Se limitó a decirle que tratara de sobrevivir hasta que pudieran verse. “Me da miedo que no me alcance la vida para cumplir la cita”, le diría Garzón a un reportero radial.
El miércoles por la noche, Mery Garzón (maquilladora) cuenta que Jaime estaba más nervioso de lo habitual, estaba intranquilo y preocupado. “Me van a matar, hasta mañana tengo plazo de vida” le dijo. También a ‘La Tuti’ le diría que tenía vida hasta el sábado.
Nadie muere a la víspera…
Viernes 13 de agosto de 1999. 5:45 de la mañana. Bogotá, Barrio Quinta Paredes Calle 22F con Carrera 42B diagonal a Corferias y a cuatro cuadras de Radionet. Sector residencial, de madrugada, revolver calibre 38 largo que no deja vainillas, motocicleta con placas ocultas. Los medios titularon el hecho como un “crimen perfecto”.
Periodistas, camarógrafos, policías, agentes del CTI, SIJIN, DAS y DIJIN rodeaban la escena. Cuando los capitalinos se enteraron de que el muerto era Heriberto de la Calle, toda Bogotá lloró, pero aun no creyó. Muchos interrumpieron su baño, desayuno y ruta hacia el trabajo para pensar o sollozar un poco. Otros se dirigieron, con rabia, al lugar para confirmar que la vileza y la intolerancia hecha muerte existían. Los niños del jardín infantil miraban aterrorizados, decenas de personas se agruparon, cólera es lo que se respira, “nos quitaron la verdad, nos mataron la risa”, gritó una mujer.
Los focos muestran la camioneta Cherokee gris oscuro tapada con tres sábanas blancas. Las siglas del CTI revolotean por todas partes, la cinta amarilla con letras rojas es insoportable. La muerte aun ronda por allí, todavía huele a pólvora, el frío es intenso.
Los agentes de todas las siglas recogen pruebas, hablan con testigos, toman fotografías, registran llamadas que luego desaparecerían, por años, misteriosamente. Llega Gloria Cecilia Hernández, ‘La Tuti’ su eterna compañera. No quiere ver el carro, no quiere ver el cuerpo de Jaime, sólo llora en brazos de un familiar “no me gustó cuando se puso esa camisa” dijo. Sus lágrimas parecen no tener fin. El país se conduele y llora una vez más con amargura.
14 de agosto de 1999: “Asesinaron la risa” abre El Espectador. “Mataron el derecho a reír”, dice El Tiempo en su portada. “Nos lo han quitado del medio, en plena efervescencia de su espíritu, en completa vitalidad. ‘Lo borraron’, como dijo el lustrabotas, en su lenguaje de acera”, escribió agriamente el caricaturista Lorenzo Madrigal. Los medios convocan a una manifestación en la Plaza de Bolívar, a la que asiste una Bogotá malherida. Es tanto el caudal de gente que un puente se derrumba, por el peso, dejando a tres personas muertas. La tragedia aun planea por las nubes.
Los medios nacionales, –después de la reacción de la SIP y RSF- ahora sí, reaccionan en cadena, denuncian las amenazas de Carlos Castaño contra Garzón y otros dicen que los militares tienen mucho para decir. El tema es manejado con todas las pasiones revueltas y Castaño horas después se pronuncia. El país calla. Carlos niega de manera vehemente y rotunda aquel asesinato. Lo peor: los medios le creen.
“Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas…”
Las autoridades se casarían con tres hipótesis. La primera apuntaba a las autodefensas, a Carlos Castaño en específico. La segunda se dirigiría a la Fuerza Pública, la extrema derecha conformada por algunos militares. La tercera hipótesis, sin potencia, señalaba a las FARC o al ELN como autores del crimen. Esta se cayó rápidamente pues el directo damnificado sería el Proceso de Paz que se venía adelantando con estos grupos.
Los investigadores empezaron a cosechar un pleito hacia un sólo lado como si estuvieran escondiendo algo: dejaron la hipótesis de la extrema derecha presente en la Fuerza Pública como sospechosa del asesinato y así montaron todo un proceso dirigido hacia el declarado ‘anticomunista’ Carlos Castaño.
Pero un hecho que no deja de ser relevante y que se trató con pinzas, fue el de la álgida relación de Garzón con el general Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército. A raíz de las liberaciones en la vía al llano -el 23 de marzo del 98- el entonces comandante de la V división general Mora, se molestó profundamente por las actuaciones de Jaime. Se comunicó con el zar antisecuestros y le pidió se investigara a Jaime Garzón y su gestión en las liberaciones. El zar, José Alfredo Escobar le responde; Jaime tenía todo en claro, no había ninguna traba en sus gestiones pues estaba trabajando para la Gobernación.
El altercado y la mala fe no terminaron allí. Jaime, trató de hablar con Mora, lo esperó varias horas en su oficina pero el general no lo quiso atender. Jaime le envío un fax en el que le decía: “General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construiruna patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted”.
Se vendría todo un huracán cuando desde sus columnas Francisco Santos –editor general de El Tiempo- y Rafael Pardo -ex ministro de defensa- señalaron sin tapujos que los asesinos de su amigo y compañero habían sido militares. Santos diría, “No hay duda. A Jaime Garzón lo mató la extrema derecha militar”. Pardo, sutilmente, preguntaría, “¿Por qué los mandos del Ejército no sabían que Garzón era hostilizado por altos militares?”. El Ejército reaccionó indignado, el general Mora entraría en contradicción en entrevista con la Revista Semana, pero ese asunto no pasaría a mayores, el rumbo ya estaba arreglado.
La Fiscalía General de la Nación cerraría el caso el 2 de enero del 2002, señalando como autores materiales a Juan Pablo Ortiz Agudelo alias ‘Bochas’ y Edilberto Antonio Sierra Ayala alias ‘Toño’ (un par de sicarios, supuestamente de la banda La Terraza de Medellín) El Autor intelectual fue Carlos Castaño, al cual se le dictó una orden de detención. El Móvil: la gestión humanitaria adelantada para conseguir la liberación de algunos secuestrados.
Alirio Uribe, abogado de la familia Garzón Forero, dijo a Contravía que “la Fiscalía no investigó lo que había que investigar”, la desviación del caso se hizo evidente cuando los testigos no resultaron creíbles. ¿Cómo puede una mujer –o alguien- ver a más de 100 metros los rasgos físicos de dos hombres que iban alta velocidad en moto, encapuchados y con casco? María Amparo Arroyáve declaró desde la forma de las cejas, la estatura, color de ojos y hasta la marca del calzado de los asesinos. Después, desapareció.
El nombre de Wilson Llano Caballero, alias ‘El Profe,’ rondaría por la cabeza de investigadores y en los pasillos de los juzgados. Fue pieza clave para el hundimiento de varios procesos en los que se veían involucrados agentes del DAS. Fue informante de todas las siglas, se le creía y se le creyó hasta el final, así su mentira siniestra y descarada se le hubiese desbaratado: la investigación fue un montaje del DAS.
En septiembre del año 2002 Reporteros Sin Fronteras se pronuncia, indignada por las actuaciones de las instituciones en el caso de Garzón. En un artículo titulado ‘Asesinato del periodista Jaime Garzón: ¿manipulaciones en la investigación?’, cuestiona sobre la posible voluntad del DAS de desviar la investigación. Sobre todo porque Wilson Llano Caballero, sobre el que pesaba la amenaza de una pena de cárcel al comenzar la investigación, podría haber caído en la tentación de dar informaciones a cambio de que olvidaran las querellas contra él. En otro punto señala que la organización está sorprendida por la actitud de la Fiscalía y del DAS, ya que algunas informaciones aparecidas en la prensa mencionan que los investigadores descartaron a testigos que implicaban a algunos militares. Según esas informaciones, algunos sectores del Ejército acordaron con Carlos Castaño el asesinato de Jaime Garzón, el cual habría sido cometido por la banda la Terraza.
Sigue la absolución de cargos contra los autores materiales, la condena a Carlos Castaño por 38 años de prisión -pena que nunca se hizo efectiva- y su posterior muerte -en libertad- por orden de su hermano Vicente Castaño. Pujas entre jefes paras.
El 10 de junio del 2008, el nombre de Jaime Garzón ocupa, otra vez, a la prensa. ‘H.H.’, el ex jefe del Bloque Bananero de las Autodefensas -recién capturado- dijo que Castaño había ordenado el asesinato del humorista “por petición de unos amigos del Ejército Nacional”. Antes de ser extraditado, ‘Don Berna’ diría lo mismo. Hasta la fecha no hay un solo detenido. La familia Garzón Forero demandará al Estado ahora que el asesinato cumple 10 años en total impunidad.
¿Qué será de los militares sin la guerra? ¿Tienen tiempo para reírse en medio de la balacera? El direccionamiento amañado del proceso tuvo fuertes influencias de una mano oscura, poderosa y definitivamente camuflada. Así son, serios, amargados, “a los asesinos no les gusta la risa, odian la ironía” escribió Abad Faciolince. Los “amigos” de Jaime saben más y no han hablado. Los enemigos, hoy importantes dirigentes, también. ¿Qué tanto saben las poderosas familias y los emporios económicos? ¿Tienen algo para agregar después de 10 años, los colegas de Jaime? Usted general Mora, renunció y jamás volvió a sonar. ¿Qué es de usted? ¿Supo dónde terminó la camisa blanca con rayas cafés de nuestro Jaime Garzón? Olvidar, es matar dos veces.
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“No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar donde y como a quien sea. ¡Estado de derecho romper filas, jueces, civiles retirarse, Ar!”