ONU: Resultados (preliminares) investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia

Disponible en la página web de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH: http://www.hchr.org.co

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Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias

Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009

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He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).
Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave. También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.
Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.
Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.
Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla
Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.
Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad
La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.
El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.
Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.
Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.
La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.
Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía , y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal,

recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.
Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.
Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales
A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.
Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.
Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares. Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno
La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.
Defensores de derechos humanos
La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.
También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.
Compensación a las víctimas
Tengo entndido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
Otras cuestiones
En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:
- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.
-la realización de una investigación independiente de los procedimientos y resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.

-la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.
-la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.
-la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales.
-la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General de la Nación , con más personal, apoyo y formación.


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Press statement

Statement by Professor Philip Alston, UN Special Rapporteur on extrajudicial executions

Mission to Colombia 8-18 June 2009

I carried out a fact-finding mission to investigate extrajudicial executions in Colombia from 8-18 June 2009, and traveled to Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga), and Meta (Villavicencio).
I am very grateful to the Government of Colombia for inviting me, and for its full and sustained cooperation with my mission. I am especially grateful to President Álvaro Uribe Vélez for an extended and very engaged discussion of some of the key issues. I also met with the Vice-President, the Minister for Foreign Relations, the Minister for Defence, and the Vice Ministers for Defence, and Interior and Justice. Further meetings were with the Constitutional Court, the Supreme Court, the Supreme Judicial Council, the Inspector General, the Public Prosecutor, the Ombudsman, and the National Commission on Reparation and Reconciliation. I met with the Commander of the Army, and the Commanders of the 7th, 4th, and 2nd divisions, as well as military legal advisors and military judges. I met with the Governor of Antioquia, personeros throughout the country, a range of Senators and Representatives, and many civil society organizations. I conducted over 100 interviews with witnesses, victims, and survivors. I am especially grateful to the extremely competent, dedicated and insightful officials in the Colombia Office of the UN High Commissioner for Human Rights for their assistance with my mission. They, however, bear no responsibility for the conclusions I have reached.
As an independent expert reporting to the UN Human Rights Council, my mandate is to investigate killings committed in violation of international human rights or humanitarian law; to determine the extent and causes of impunity for such killings; and to propose specific and constructive reforms to reduce killings and promote accountability. In Colombia, I focused on killings by the security forces, guerrillas, paramilitaries and other armed non-state actors, and I examined the effectiveness of the criminal, civil and military justice systems in relation to those killings. It should be noted at the outset that killings by these actors disproportionately affect rural and poor populations, Indigenous people, Afro-Colombians, trade unionists, human rights defenders and community leaders.
The findings that I am presenting today are preliminary. My full report will be published in 4-5 months from today, and will take account of information to be provided by the Government in the course of the next month or so as part of a continuing dialogue. Today I will focus only on a limited range of issues.
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I wish to begin by acknowledging the dramatic improvement in the security situation since 2002. The total number of homicides has been much reduced, and security levels in many parts of the country have been transformed. Much remains to be done, however.
Extrajudicial executions by guerilla groups
FARC and ELN guerrillas continue to carry out significant numbers of unlawful killings, especially in order to control and instill fear in rural populations, to intimidate elected officials, to punish those alleged to be collaborating with the Government, or to promote criminal objectives. Their indiscriminate and inhumane use of landmines also kills and maims many.
Extrajudicial executions by the security forces
The most prominent concern is the incidence of so-called “false positives” (falsos positivos) and the most publicized examples are the killings of young men from Soacha in 2008.
The phenomenon is well known. The victim is lured under false pretenses by a “recruiter” to a remote location. There, the individual is killed soon after arrival by members of the military. The scene is then manipulated to make it appear as if the individual was legitimately killed in combat. The victim is commonly photographed wearing a guerrilla uniform, and holding a gun or grenade. Victims are often buried anonymously in communal graves, and the killers are rewarded for the results they have achieved in the fight against the guerillas.
But there are two problems with the narrative focused on falsos positivos and Soacha. The first is that the term provides a sort of technical aura to describe a practice which is better characterized as cold-blooded, premeditated murder of innocent civilians for profit. The second is that the focus on Soacha encourages the perception that the phenomenon was limited both geographically and temporally. But while the Soacha killings were undeniably blatant and obscene, my investigations show that they were but the tip of the iceberg. I interviewed witnesses and survivors who described very similar killings in the departments of Antioquia, Arauca, Cali, Casanare, Cesar, Cordoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, and Vichada. A significant number of military units were thus involved.
Some officials continue to assert that many of the cases were in fact legitimate killings of guerrillas or others. But the evidence – including ballistics and forensics reports, eyewitness testimony, and the testimony of soldiers themselves – strongly suggests that this was not the case. The “dangerous guerillas” who were killed include boys of 16 and 17, a young man with a mental age of nine, a devoted family man with two in-laws in active military service, and a young soldier home on leave. I cannot rule out the possibility that some of the falsos positivos were, in fact, guerillas, but apart from sweeping allegations, I have been provided with no sustained evidence to that effect by the Government. Evidence showing victims dressed in camouflage outfits which are
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neatly pressed, or wearing clean jungle boots which are four sizes too big for them, or lefthanders holding guns in their right hand, or men with a single shot through the back of their necks, further undermines the suggestion that these were guerillas killed in combat.
A further problem concerns the systematic harassment of the survivors by the military. A woman from Soacha described how, in 2008, one of her sons disappeared and was reported killed in combat two days later. When another of her sons became active in pursuing the case, he received a series of threats. He was shot and killed earlier this year. Since then, the mother has also received death threats. This is part of a common pattern.
The key question is who was responsible for these premeditated killings? On the one hand, I have found no evidence to suggest that these killings were carried out as a matter of official Government policy, or that they were directed by, or carried out with the knowledge of, the President or successive Defence Ministers. On the other hand, the explanation favoured by many in Government – that the killings were carried out on a small scale by a few bad apples – is equally unsustainable. The sheer number of cases, their geographic spread, and the diversity of military units implicated, indicate that these killings were carried out in a more or less systematic fashion by significant elements within the military.
Starting in 2007, the Government has taken important steps to stop and respond to these killings. They include: disciplinary sanctions, increased cooperation with the ICRC and the UN, the installation of Operational Legal Advisors to advise on specific military operations, increased oversight of payments to informers, the appointment of the Suarez Temporary Special Commission, the appointment of Delegated Inspectors to army divisions, requiring deaths in combat to be investigated first by judicial police, modifying award criteria, and creating a specialized unit in the Prosecutor’s Office (Fiscalia).
These encouraging steps demonstrate a good faith effort by the Government to address past killings and prevent future ones. But there remains a worrying gap between the policies and the practice. The number of successful prosecutions remains very low, although improved results are hoped for in the coming year. Three problems stand out. The first is that the Fiscalia, and especially its Human Rights Unit, lack the requisite staff, resources and training. A substantial increase in resources is essential. The second is that in some areas military judges ignore the rulings of the Constitutional Court and do all in their power to thwart the transfer of clear human rights cases to the ordinary justice system. The transfer of information is delayed or obstructed, wherever possible jurisdictional clashes are set up, and delaying tactics are standard. Delays, often of months or years, result and the value of testimony and evidence is jeopardized.
The good news is that there has been a significant reduction in recorded allegations of extrajudicial executions by the military over the last 6-9 months. If this trend is confirmed, it will represent a welcome reversal of course, but the problem of impunity for past killings must still be addressed.
Extrajudicial executions by paramilitaries and other illegal armed groups
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Despite the significant steps taken by the Government to reduce paramilitary violence, killings by groups that include formerly demobilized paramilitaries continue at a disturbingly high rate across the country. The Government needs to address the resurgence of these groups through comprehensive policies that focus on law-enforcement (including strengthened investigative and prosecutorial functions) and the sustained engagement and protection of the affected communities.
The Government position is that these groups are criminal gangs and must be dealt with as such. While this approach may be appropriate in particular localities, it does not fully address the nature of, and threat presented by, these armed non-state actors in different regions. Regardless of the name applied to them, a failure to address the reasons why these groups have emerged and the extent to which they permeate state institutions and terrorize civilian populations threatens to undermine the important security gains made by the Government. It should urgently improve its efforts to effectively and promptly investigate, prosecute and punish killings by these forces.
By all accounts, demobilized paramilitaries are a major part of the illegal armed groups. Post-2003 demobilization and reintegration policies have not prevented former paramilitaries from killing and engaging in other criminal acts. Although senior paramilitary leaders have been arrested, the economic and command and control structures of paramilitaries do not appear to have been fully and effectively dismantled. In addition, there is an alarming level of impunity for former paramilitaries, and the investigation and prosecution of extrajudicial executions and other human rights violations by former paramilitaries appears to lag severely.
Government institutions
Within Colombia’s complex and sophisticated legal structure, the role of the Fiscalia is pivotal. The Fiscal-General is chosen by the Supreme Court from a list of three individuals proposed by the President. Given the central and critical function of the Fiscalia, it is essential that the next Fiscal-General be a person of independence, strength and stature.
Human rights defenders
Colombian civil society is vibrant and diverse. It makes invaluable contributions to public discourse and to raising awareness of human rights. But human rights defenders (HRDs) are frequently intimidated and threatened, and sometimes killed, often by private actors. They have been accused by high level officials of being – or being close to – guerrillas or terrorists. Such statements have also been made against prosecutors and judges. These statements stigmatise those working to promote human rights, and encourage an environment in which specific acts of threats and killings by private actors can take place. It is important for senior officials to cease the stigmatization of such groups.
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It is also important that a constructive space be fostered for civil society organisations and Government to communicate. I was struck by the extent of polarization in Colombia between NGO and Government positions.
Compensation to victims
It is my understanding that the current draft law on victims’ rights – approved by the commission set up to reconcile the texts approved in the Senate and the House of Representatives – contains a definition of victim that includes victims of state agents and generally puts them on equal standing with victims of paramilitaries. It is imperative that as the draft law moves forward, that victims of both state and non-state actors continue to be treated equally.
Other issues
I will be addressing a number of reforms in my full report. They will include:
• Presidential directives to the military justice system to comply with the letter and the spirit of the jurisdictional competency law.
• The undertaking of an independent investigation of the procedures and outcomes of the military justice system in human rights cases.
• All forms of incentives to members of the military for killing should be removed.
• Increased coordination, especially with respect to the tracking of cases of alleged extrajudicial executions, between those institutions responsible for investigating such allegations should be promoted.
• There should be no statute of limitations in civil suits against officials in cases of extrajudicial executions.
• The Office of the Public Prosecutor should continue to be strongly supported, and be provided additional staff, funding, and training.