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Plan Integral De Manejo De Vendedores Informales En Pereira.
La Economia Popular en zonas Urbanas.
La Economia Popular en zonas Urbanas - Cuadros y Graficos.
Perfiles de Bienestar de la Poblacion Pobre en la Ciudad de Pereira
ó en
http://172.16.0.51/desarrollohumanoypaz/old/modulos/documentos.html
Movilidad y Ciudadania Arq. Santiago Castaño Duque.
Actividades Productivas Y Tejido Social: Una Mirada A Las Empresas De Confección Del Departamento De Risaralda.
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http://172.16.0.51/desarrollohumanoypaz/old/modulos/presentaciones.html
Documentos
ENCUENTRO NACIONAL "LAS OTRAS VIOLENCIAS, LA OTRA PAZ", 2008 en
http://cedhupazucpr.blogspot.com/2009/09/las-otras-violencias-la-otra-paz.html
ó en http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosnacionales/lasotrasviolencias-laotrapaz/index.html
ENCUENTRO GRANCOLOMBIANO (SUR AMERICANO) POR EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ, 2009 en
en http://cedhupazucpr.blogspot.com/2009/09/encuentro-grancolombiano-por-el.html
ò en
http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosinternacionales.html
-rogamos el favor de dar el respectivo crèdito a los autores-
lunes, 23 de noviembre de 2009
miércoles, 14 de octubre de 2009
"La paz en Colombia es posible”: Conferencia Episcopal Colombiana y el Grupo de Trabajo por Colombia
"Usted puede contribuir a la paz negociada y justa en Colombia"
Este es el lema de la segunda fase de la Campaña "La paz en Colombia es posible”, impulsada por la Conferencia Episcopal Colombiana y el Grupo de Trabajo por Colombia, como un llamado a la paz, a través del diálogo y la justicia social. En esta segunda fase se hace énfasis en la problemática humanitaria y la necesidad de encontrar soluciones a la misma. Se trata de concientizar sobre el estado de emergencia social que se vive en el país, haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana. También se trabaja en la construcción de nuevos caminos para la paz, desde una reflexión orientadora que promueve una política nacional coherente para contribuir a una sociedad con verdadera justicia.
A través de esta campaña internacional de incidencia política, hacemos un llamado a la sociedad colombiana, al Estado y a la comunidad internacional, para que apoyen el proceso hacia una paz negociada y justa. Llamamos a todas las fuerzas positivas a unirse en esta iniciativa, dando testimonio de vida, acogiendo a las víctimas que sufren la tragedia de la guerra y de las injusticias, en especial a las personas desplazadas.
LA PAZ EN COLOMBIA ES POSIBLE: POR UNA PAZ NEGOCIADA Y JUSTA
Desde 1999 las Cáritas de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, España, Noruega, Holanda y Colombia han unido esfuerzos en una cooperación solidaria por la paz, a través del Grupo de Trabajo para Colombia (GTC) de Caritas Internationalis (CI), presidido por el Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC). En mayo de 2001 el GTC empezó una reflexión sobre la posibilidad de promover una campaña confederal para incidir internacionalmente por la paz en Colombia.
El 13 de octubre de 2004 se lanzó a nivel mundial la campaña “La paz en Colombia es posible: por una paz negociada y justa”. Con esta iniciativa Caritas Internationalis reafirma su respaldo a la posición de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que la paz en Colombia es posible, que la paz sólo se obtiene mediante negociaciones y que la paz sólo es duradera a través de la justicia social.
El 19 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Segunda Fase de la Campaña, en el marco de la celebración de los 50 años de la Cáritas Colombiana. Propósitos y proyecciones de esta segunda fase:
- A nivel internacional, asegurar una diplomacia para apoyar las negociaciones entre las partes armadas del conflicto colombiano.
- Generar políticas de cooperación para el desarrollo que faciliten las negociaciones, contribuyan a la justicia social y respondan a los efectos del desplazamiento y sus causas.
- Impulsar una política nacional coherente que asuma negociaciones y un papel de protagonista en la transformación social; que contribuya a disminuir la brecha social existente por la inequidad, el conflicto armado interno y a la construcción de una sociedad justa.
- Trabajar por el reconocimiento político de la situación colombiana en general y de la crisis humanitaria actual y los derechos de las víctimas de la guerra, especialmente de las personas desplazadas. Ayudar a aliviar esas situaciones y proponer soluciones sostenibles hacia el desarrollo económico y social.
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Este es el lema de la segunda fase de la Campaña "La paz en Colombia es posible”, impulsada por la Conferencia Episcopal Colombiana y el Grupo de Trabajo por Colombia, como un llamado a la paz, a través del diálogo y la justicia social. En esta segunda fase se hace énfasis en la problemática humanitaria y la necesidad de encontrar soluciones a la misma. Se trata de concientizar sobre el estado de emergencia social que se vive en el país, haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana. También se trabaja en la construcción de nuevos caminos para la paz, desde una reflexión orientadora que promueve una política nacional coherente para contribuir a una sociedad con verdadera justicia.
A través de esta campaña internacional de incidencia política, hacemos un llamado a la sociedad colombiana, al Estado y a la comunidad internacional, para que apoyen el proceso hacia una paz negociada y justa. Llamamos a todas las fuerzas positivas a unirse en esta iniciativa, dando testimonio de vida, acogiendo a las víctimas que sufren la tragedia de la guerra y de las injusticias, en especial a las personas desplazadas.
LA PAZ EN COLOMBIA ES POSIBLE: POR UNA PAZ NEGOCIADA Y JUSTA
Desde 1999 las Cáritas de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, España, Noruega, Holanda y Colombia han unido esfuerzos en una cooperación solidaria por la paz, a través del Grupo de Trabajo para Colombia (GTC) de Caritas Internationalis (CI), presidido por el Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC). En mayo de 2001 el GTC empezó una reflexión sobre la posibilidad de promover una campaña confederal para incidir internacionalmente por la paz en Colombia.
El 13 de octubre de 2004 se lanzó a nivel mundial la campaña “La paz en Colombia es posible: por una paz negociada y justa”. Con esta iniciativa Caritas Internationalis reafirma su respaldo a la posición de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que la paz en Colombia es posible, que la paz sólo se obtiene mediante negociaciones y que la paz sólo es duradera a través de la justicia social.
El 19 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Segunda Fase de la Campaña, en el marco de la celebración de los 50 años de la Cáritas Colombiana. Propósitos y proyecciones de esta segunda fase:
- A nivel internacional, asegurar una diplomacia para apoyar las negociaciones entre las partes armadas del conflicto colombiano.
- Generar políticas de cooperación para el desarrollo que faciliten las negociaciones, contribuyan a la justicia social y respondan a los efectos del desplazamiento y sus causas.
- Impulsar una política nacional coherente que asuma negociaciones y un papel de protagonista en la transformación social; que contribuya a disminuir la brecha social existente por la inequidad, el conflicto armado interno y a la construcción de una sociedad justa.
- Trabajar por el reconocimiento político de la situación colombiana en general y de la crisis humanitaria actual y los derechos de las víctimas de la guerra, especialmente de las personas desplazadas. Ayudar a aliviar esas situaciones y proponer soluciones sostenibles hacia el desarrollo económico y social.
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domingo, 11 de octubre de 2009
Llegó la CORTE PENAL INTERNACIONAL (I)
El fantasma de la Corte Penal
Por: María del Rosario Arrázola / Diana Carolina Durán Núñez
en http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso165961-el-fantasma-de-corte-penal?page=0,0
Si a la Corte Suprema de Justicia no se le permite cumplir con su deber, no descarta acudir a la Corte Penal Internacional para que los crímenes cometidos por grupos paramilitares sean debidamente castigados.
La Corte Suprema de Justicia tiene claro que las verdades del paramilitarismo tienen que salir a flote para beneficio de la sociedad colombiana y está dispuesta a cumplir con este deber histórico hasta sus últimas consecuencias. En el país lo promueve con diversas decisiones, como recobrar la competencia para procesar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica, y a nivel internacional comienza a dar decisivos pasos para garantizar que no queden sin castigo sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Esta misma semana, el alto tribunal avanzó en una inusual gestión internacional que ya tiene agenda complementaria para los próximos días y que dará de qué hablar en Colombia, por los efectos que van a derivarse de tal acción. Con la evidencia de ser blanco del acoso de distintos sectores, incluso del Estado, la Corte puso en conocimiento de altas instancias de Estados Unidos su crítica situación, al tiempo que emprendió labores para que en Europa también quede claro que no obra políticamente, sino que defiende el derecho a la justicia.
Una delegación de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente Augusto Ibáñez, además de algunas reuniones académicas en universidades norteamericanas, sostuvo trascendentales encuentros con altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales no sólo les hizo saber las dificultades que hoy afrontan en su propósito de cerrarle el paso a la impunidad, sino que el debate permitió plantear si algunos episodios pueden rayar en obstrucción a la justicia.
La gira en Washington permitió otra cita inédita en las relaciones entre las dos estados: los presidentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Un encuentro tan protocolario y solemne como directo y especializado. Se habló de cooperación judicial entre las dos naciones, de la necesidad de luchar contra la impunidad y de un tema histórico que resultó clave en otras reuniones: el legado del Tribunal de Nuremberg como punto de partida de la nueva justicia.
Como lo acuñó el magistrado Augusto Ibáñez en reciente entrevista con Yamid Amat, “el siglo XXI es el siglo de los jueces y el siglo de las víctimas”, y en las entrevistas de la delegación de la Corte Suprema de Justicia con dignatarios de Estados Unidos, quedó refrendado este axioma. El juez encerrado en su despacho y ajeno a la evolución social es un rol del pasado. Hoy se requiere una justicia activa y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron saber en Washington que cumplirán ese papel, cualquiera sea el precio.
Sin embargo, en medio de su agenda en Estados Unidos, los dignatarios de la Corte tuvieron tiempo para examinar internamente cómo robustecer su deber en el crítico escenario colombiano. Y en sus reflexiones a puerta cerrada no tardaron en surgir los tropiezos. El principal de ellos, la forma como desde otros frentes del Estado es evidente la intención de controvertir sus acciones. Se comentaron, por ejemplo, las dificultades que hoy afronta la jueza que debe fallar el caso del Palacio de Justicia, blanco de múltiples amenazas.
Igualmente se habló de las medidas de protección que hoy tiene la magistrada María del Rosario González en la OEA y que deberá justificar en los próximos días en Washington. Pero sin duda, el asunto más preocupante, del cual no se habló con las personalidades de Estados Unidos, pero tiene en ascuas a la Corte Suprema, es el comportamiento observado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien no ha ocultado su intención de controvertir el camino del alto tribunal respecto al explosivo tema de la parapolítica.
“La Corte Suprema tiene claro que el procurador Ordóñez no descarta entablar una tutela para tumbar la jurisprudencia que recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica, pero también sabe que de llegarse a esta instancia, tiene un camino inevitable para preservar la justicia”, comentó una fuente cercana al alto tribunal, quien además no descartó que en los próximos días la Comisión de Acusación de la Cámara la emprenda judicialmente contra algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, esa senda legal también pasa por los estrados internacionales. De ninguna manera la Corte Suprema quiere renunciar a su deber judicial y hará todo lo que esté a su alcance para que la sociedad colombiana se sienta interpretada con sus decisiones, pero también tiene claro que si la impunidad se erige como una amenaza real, los magistrados están dispuestos a llevar sus investigaciones a la Corte Penal Internacional, cuya facultad ya es una realidad para Colombia y los 97 países restantes que aceptaron su competencia.
Hasta el momento, este organismo tiene opción de evaluar los delitos de lesa humanidad y episodios de genocidio que la justicia colombiana no aclare debidamente, pero vencida la salvaguarda que por vigencia de siete años se invocó en noviembre de 2002, el organismo puede entrar a suplir a la justicia colombiana en aquellos crímenes de guerra que queden sin castigo. Incluso, el Estatuto de Roma prescribió que puede asumir casos de personas enjuiciadas cuando las decisiones judiciales determinen la prevalencia de la impunidad.
Así las cosas, y para blindar su ejercicio, la Corte Suprema de Justicia ya diseñó su próxima gestión. La segunda semana de noviembre, la misma delegación que estuvo en Washington hará presencia en Bruselas (Bélgica), para explicar su presente a los altos dignatarios de la Comunidad Europea, y de paso entrará en contacto con la Corte Penal Internacional, para compartir criterios y establecer de qué manera se pueden ayudar en el propósito común de que la justicia quede preservada en cualquiera de los dos estrados.
La Corte Suprema de Justicia prefiere que todo se resuelva en Colombia y por eso ha insistido no sólo en que se respeten sus decisiones, sino que la sociedad entienda que está cumpliendo con su deber. En ese sentido recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica y dictaminó que los investigados en Justicia y Paz pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Pero si se imponen las talanqueras y queda al margen, será la primera en acudir a la justicia internacional para que la verdad termine por imponerse.
En las celdas
El otro frente internacional en el accionar de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizó el magistrado investigador Iván Velásquez, quien también estuvo en Washington, pero no reunido con altos dignatarios del Poder Judicial norteamericano, sino con los jefes paramilitares que fueron extraditados en mayo de 2008 y que no terminan de convencerse de que aún pueden contribuir a la justicia colombiana, porque su prioridad es resolver sus cuentas pendientes con Estados Unidos en lo que tiene que ver con las imputaciones de narcotráfico.
El magistrado Velásquez no estuvo solo. Después de los reclamos del procurador Alejandro Ordóñez, lo acompañó el representante del Ministerio Público Jairo Delgado, y con ellos estuvo James Faulkner, delegado judicial de la Embajada de EE.UU. en Colombia. La misión se concretó en establecer qué saben y en qué pueden contribuir para fortalecer los procesos de la parapolítica y la Ley de Justicia y Paz. Los entrevistados fueron Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Los tres están presos en cárceles cercanas a Washington y tienen duros cargos por narcotráfico. Sin embargo, de entrada, como lo habían advertido funcionarios de Estados Unidos, Pablo Sevillano, ex comandante del Bloque Libertadores del Sur, no tiene interés alguno en colaborar con la justicia colombiana. En caso de que cambie su postura, podría ayudar a corroborar si algunos políticos del suroccidente del país recibieron su apoyo para fortalecerse electoralmente a cambio de permitir su expansión hacia el Pacífico.
En cambio Salvatore Mancuso, en contravía a una extensa carta fechada el pasado 30 de septiembre en la cárcel Northern Neck de Virginia, en la cual manifestó su decisión de retirarse de la Ley de Justicia y Paz, planteó la opción de regresar por el camino de la colaboración, pero les hizo saber, como lo testificó en la misma misiva, que para acceder a sus peticiones debe reunirse con sus hombres, porque reconstruir la verdad es un dispendioso camino que requiere aclarar muchos enlaces y no menos detalles de su tiempo en la guerra.
El tercer entrevistado, Jorge 40, quien desde su extradición se ha mostrado remiso a cualquier cooperación con la justicia colombiana, esta vez no dijo ni sí ni no. Su posición siguió siendo escéptica. De alguna manera, corresponde a la que han defendido la mayoría de los jefes paramilitares extraditados, es decir, primero quieren que les garanticen la protección a sus familias, incluyendo su salida del país y la aceptación en algún sistema de protección de testigos, lo que hasta el momento ha sido sistemáticamente negado por las autoridades.
Aunque en términos generales prevalece el desgano de los extraditados por recobrar su senda en Justicia y Paz, tampoco cierran sus puertas a rendir testimonios que permitan esclarecer cuáles fueron los derroteros del paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, la sensación que impera es que prefieren saldar sus cuentas con la justicia norteamericana. Le temen a la Corte Penal Internacional y por eso le escriben con ánimo de colaboración, pero de alguna manera confían en que entre Estados Unidos y Colombia resolverán sus cuentas.
La delegación de la justicia colombiana tuvo, además, la oportunidad de contactarse con antiguos capos del cartel del norte del Valle, quienes increíblemente no ocultan su esperanza de regresar a Colombia sin deudas con la justicia, pero siguen siendo muy cautos para desnudar sus verdades. “Apenas tantean el terreno”, comentó un abogado norteamericano que conoce sus procesos, pero cree improbable su contribución a esclarecer en el país el tenebroso rastro que dejaron antes de ser extraditados.
La Corte Suprema de Justicia, a diferencia de otros organismos oficiales, no quiere desistir en el objetivo de que los jefes paramilitares cuenten todo lo que saben. Algunos de ellos ya tienen claro que no les interesa y tampoco la justicia colombiana va a insistirles. Pero los más conocidos, aquellos que estuvieron más cerca del poder político, saben que tienen en sus manos muchas verdades que pueden cambiar la historia. El alto tribunal trata de convencerlos de que tienen una misión trascendental.
Las apuestas de la Corte Suprema de Justicia son claras. En Colombia va a dar la pelea para preservar su competencia en el juzgamiento de los congresistas de la parapolítica y en la tesis de que quienes accedieron a dignidades en la democracia y favorecieron a una organización criminal, tienen obligaciones con lo que hicieron los victimarios. Y si no logran demostrarlo, ya saben que la justicia se ha globalizado y que la Corte Penal Internacional nació para que los crímenes de guerra no queden impunes.
Los jefes ‘paras’ extraditados
El 13 de mayo de 2008, después de sucesivos escándalos en el proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensas, súbitamente fueron extraditados a Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, 13 de los principales jefes del paramilitarismo. Días antes había corrido la misma suerte Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
Los jefes ‘paras’ extraditados fueron Salvatore Mancuso, Diego Murillo (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Edwin Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolindo) y Eduardo Vengoechea.
En Colombia quedaron, entre otros, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Ramón Isaza, Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán) y Enrique Bánquez (alias Juancho Dique).
Las decisiones de la controversia
El 1° de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación histórica: recobró sus facultades para investigar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica.
Estos funcionarios habían renunciado a su fuero parlamentario para eludir los procesos de única instancia y ser procesados por la Fiscalía y los jueces.
La última decisión, igualmente polémica, advierte que los procesados de la Ley de Justicia y Paz aún pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, y también es viable sostener la tesis de que los parapolíticos deben responder por igual que los victimarios.
La Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, se ha opuesto a esas decisiones.
La entrada de la Corte Penal Internacional
En noviembre de 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Colombia invocó el artículo 124 con una salvaguarda de siete años para investigar los crímenes de guerra. Esa excepción se cumple en próximos días, ante lo cual la Corte puede investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones de genocidio.
La idea es que en aquellos estados que adhirieron al Estatuto y no se castiguen estas conductas extremas, la CPI pueda investigar de manera subsidiaria, a fin de impedir que se imponga la impunidad.
El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998, pero sólo se hizo válido a partir de 2002, cuando 98 estados aceptaron su jurisdicción. Entre esos países estuvo Colombia, que pidió la excepción de siete años, con la esperanza de que en ese tiempo se pudiera aclimatar un proceso de paz con los grupos armados.
La piedra angular de la Corte Suprema
Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de las investigaciones de la parapolítica, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, precisamente por cuenta de las indagaciones sobre los nexos de políticos con paramilitares.
En 2007, un procesado por paramilitarismo, apodado Tasmania, acusó al magistrado Velásquez de presionarlo para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, meses después se constató que se trató de un montaje para desprestigiar al magistrado.
Hoy, el abogado antioqueño Iván Velásquez sigue siendo el soporte fundamental en las investigaciones de la Corte Suprema por el escándalo de la parapolítica y ha sido blanco de persecuciones e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.
Por: María del Rosario Arrázola / Diana Carolina Durán Núñez
en http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso165961-el-fantasma-de-corte-penal?page=0,0
Si a la Corte Suprema de Justicia no se le permite cumplir con su deber, no descarta acudir a la Corte Penal Internacional para que los crímenes cometidos por grupos paramilitares sean debidamente castigados.
La Corte Suprema de Justicia tiene claro que las verdades del paramilitarismo tienen que salir a flote para beneficio de la sociedad colombiana y está dispuesta a cumplir con este deber histórico hasta sus últimas consecuencias. En el país lo promueve con diversas decisiones, como recobrar la competencia para procesar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica, y a nivel internacional comienza a dar decisivos pasos para garantizar que no queden sin castigo sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Esta misma semana, el alto tribunal avanzó en una inusual gestión internacional que ya tiene agenda complementaria para los próximos días y que dará de qué hablar en Colombia, por los efectos que van a derivarse de tal acción. Con la evidencia de ser blanco del acoso de distintos sectores, incluso del Estado, la Corte puso en conocimiento de altas instancias de Estados Unidos su crítica situación, al tiempo que emprendió labores para que en Europa también quede claro que no obra políticamente, sino que defiende el derecho a la justicia.
Una delegación de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente Augusto Ibáñez, además de algunas reuniones académicas en universidades norteamericanas, sostuvo trascendentales encuentros con altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales no sólo les hizo saber las dificultades que hoy afrontan en su propósito de cerrarle el paso a la impunidad, sino que el debate permitió plantear si algunos episodios pueden rayar en obstrucción a la justicia.
La gira en Washington permitió otra cita inédita en las relaciones entre las dos estados: los presidentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Un encuentro tan protocolario y solemne como directo y especializado. Se habló de cooperación judicial entre las dos naciones, de la necesidad de luchar contra la impunidad y de un tema histórico que resultó clave en otras reuniones: el legado del Tribunal de Nuremberg como punto de partida de la nueva justicia.
Como lo acuñó el magistrado Augusto Ibáñez en reciente entrevista con Yamid Amat, “el siglo XXI es el siglo de los jueces y el siglo de las víctimas”, y en las entrevistas de la delegación de la Corte Suprema de Justicia con dignatarios de Estados Unidos, quedó refrendado este axioma. El juez encerrado en su despacho y ajeno a la evolución social es un rol del pasado. Hoy se requiere una justicia activa y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron saber en Washington que cumplirán ese papel, cualquiera sea el precio.
Sin embargo, en medio de su agenda en Estados Unidos, los dignatarios de la Corte tuvieron tiempo para examinar internamente cómo robustecer su deber en el crítico escenario colombiano. Y en sus reflexiones a puerta cerrada no tardaron en surgir los tropiezos. El principal de ellos, la forma como desde otros frentes del Estado es evidente la intención de controvertir sus acciones. Se comentaron, por ejemplo, las dificultades que hoy afronta la jueza que debe fallar el caso del Palacio de Justicia, blanco de múltiples amenazas.
Igualmente se habló de las medidas de protección que hoy tiene la magistrada María del Rosario González en la OEA y que deberá justificar en los próximos días en Washington. Pero sin duda, el asunto más preocupante, del cual no se habló con las personalidades de Estados Unidos, pero tiene en ascuas a la Corte Suprema, es el comportamiento observado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien no ha ocultado su intención de controvertir el camino del alto tribunal respecto al explosivo tema de la parapolítica.
“La Corte Suprema tiene claro que el procurador Ordóñez no descarta entablar una tutela para tumbar la jurisprudencia que recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica, pero también sabe que de llegarse a esta instancia, tiene un camino inevitable para preservar la justicia”, comentó una fuente cercana al alto tribunal, quien además no descartó que en los próximos días la Comisión de Acusación de la Cámara la emprenda judicialmente contra algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, esa senda legal también pasa por los estrados internacionales. De ninguna manera la Corte Suprema quiere renunciar a su deber judicial y hará todo lo que esté a su alcance para que la sociedad colombiana se sienta interpretada con sus decisiones, pero también tiene claro que si la impunidad se erige como una amenaza real, los magistrados están dispuestos a llevar sus investigaciones a la Corte Penal Internacional, cuya facultad ya es una realidad para Colombia y los 97 países restantes que aceptaron su competencia.
Hasta el momento, este organismo tiene opción de evaluar los delitos de lesa humanidad y episodios de genocidio que la justicia colombiana no aclare debidamente, pero vencida la salvaguarda que por vigencia de siete años se invocó en noviembre de 2002, el organismo puede entrar a suplir a la justicia colombiana en aquellos crímenes de guerra que queden sin castigo. Incluso, el Estatuto de Roma prescribió que puede asumir casos de personas enjuiciadas cuando las decisiones judiciales determinen la prevalencia de la impunidad.
Así las cosas, y para blindar su ejercicio, la Corte Suprema de Justicia ya diseñó su próxima gestión. La segunda semana de noviembre, la misma delegación que estuvo en Washington hará presencia en Bruselas (Bélgica), para explicar su presente a los altos dignatarios de la Comunidad Europea, y de paso entrará en contacto con la Corte Penal Internacional, para compartir criterios y establecer de qué manera se pueden ayudar en el propósito común de que la justicia quede preservada en cualquiera de los dos estrados.
La Corte Suprema de Justicia prefiere que todo se resuelva en Colombia y por eso ha insistido no sólo en que se respeten sus decisiones, sino que la sociedad entienda que está cumpliendo con su deber. En ese sentido recobró la competencia para procesar a los congresistas de la parapolítica y dictaminó que los investigados en Justicia y Paz pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Pero si se imponen las talanqueras y queda al margen, será la primera en acudir a la justicia internacional para que la verdad termine por imponerse.
En las celdas
El otro frente internacional en el accionar de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizó el magistrado investigador Iván Velásquez, quien también estuvo en Washington, pero no reunido con altos dignatarios del Poder Judicial norteamericano, sino con los jefes paramilitares que fueron extraditados en mayo de 2008 y que no terminan de convencerse de que aún pueden contribuir a la justicia colombiana, porque su prioridad es resolver sus cuentas pendientes con Estados Unidos en lo que tiene que ver con las imputaciones de narcotráfico.
El magistrado Velásquez no estuvo solo. Después de los reclamos del procurador Alejandro Ordóñez, lo acompañó el representante del Ministerio Público Jairo Delgado, y con ellos estuvo James Faulkner, delegado judicial de la Embajada de EE.UU. en Colombia. La misión se concretó en establecer qué saben y en qué pueden contribuir para fortalecer los procesos de la parapolítica y la Ley de Justicia y Paz. Los entrevistados fueron Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Los tres están presos en cárceles cercanas a Washington y tienen duros cargos por narcotráfico. Sin embargo, de entrada, como lo habían advertido funcionarios de Estados Unidos, Pablo Sevillano, ex comandante del Bloque Libertadores del Sur, no tiene interés alguno en colaborar con la justicia colombiana. En caso de que cambie su postura, podría ayudar a corroborar si algunos políticos del suroccidente del país recibieron su apoyo para fortalecerse electoralmente a cambio de permitir su expansión hacia el Pacífico.
En cambio Salvatore Mancuso, en contravía a una extensa carta fechada el pasado 30 de septiembre en la cárcel Northern Neck de Virginia, en la cual manifestó su decisión de retirarse de la Ley de Justicia y Paz, planteó la opción de regresar por el camino de la colaboración, pero les hizo saber, como lo testificó en la misma misiva, que para acceder a sus peticiones debe reunirse con sus hombres, porque reconstruir la verdad es un dispendioso camino que requiere aclarar muchos enlaces y no menos detalles de su tiempo en la guerra.
El tercer entrevistado, Jorge 40, quien desde su extradición se ha mostrado remiso a cualquier cooperación con la justicia colombiana, esta vez no dijo ni sí ni no. Su posición siguió siendo escéptica. De alguna manera, corresponde a la que han defendido la mayoría de los jefes paramilitares extraditados, es decir, primero quieren que les garanticen la protección a sus familias, incluyendo su salida del país y la aceptación en algún sistema de protección de testigos, lo que hasta el momento ha sido sistemáticamente negado por las autoridades.
Aunque en términos generales prevalece el desgano de los extraditados por recobrar su senda en Justicia y Paz, tampoco cierran sus puertas a rendir testimonios que permitan esclarecer cuáles fueron los derroteros del paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, la sensación que impera es que prefieren saldar sus cuentas con la justicia norteamericana. Le temen a la Corte Penal Internacional y por eso le escriben con ánimo de colaboración, pero de alguna manera confían en que entre Estados Unidos y Colombia resolverán sus cuentas.
La delegación de la justicia colombiana tuvo, además, la oportunidad de contactarse con antiguos capos del cartel del norte del Valle, quienes increíblemente no ocultan su esperanza de regresar a Colombia sin deudas con la justicia, pero siguen siendo muy cautos para desnudar sus verdades. “Apenas tantean el terreno”, comentó un abogado norteamericano que conoce sus procesos, pero cree improbable su contribución a esclarecer en el país el tenebroso rastro que dejaron antes de ser extraditados.
La Corte Suprema de Justicia, a diferencia de otros organismos oficiales, no quiere desistir en el objetivo de que los jefes paramilitares cuenten todo lo que saben. Algunos de ellos ya tienen claro que no les interesa y tampoco la justicia colombiana va a insistirles. Pero los más conocidos, aquellos que estuvieron más cerca del poder político, saben que tienen en sus manos muchas verdades que pueden cambiar la historia. El alto tribunal trata de convencerlos de que tienen una misión trascendental.
Las apuestas de la Corte Suprema de Justicia son claras. En Colombia va a dar la pelea para preservar su competencia en el juzgamiento de los congresistas de la parapolítica y en la tesis de que quienes accedieron a dignidades en la democracia y favorecieron a una organización criminal, tienen obligaciones con lo que hicieron los victimarios. Y si no logran demostrarlo, ya saben que la justicia se ha globalizado y que la Corte Penal Internacional nació para que los crímenes de guerra no queden impunes.
Los jefes ‘paras’ extraditados
El 13 de mayo de 2008, después de sucesivos escándalos en el proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensas, súbitamente fueron extraditados a Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, 13 de los principales jefes del paramilitarismo. Días antes había corrido la misma suerte Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
Los jefes ‘paras’ extraditados fueron Salvatore Mancuso, Diego Murillo (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Edwin Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolindo) y Eduardo Vengoechea.
En Colombia quedaron, entre otros, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Ramón Isaza, Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán) y Enrique Bánquez (alias Juancho Dique).
Las decisiones de la controversia
El 1° de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación histórica: recobró sus facultades para investigar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica.
Estos funcionarios habían renunciado a su fuero parlamentario para eludir los procesos de única instancia y ser procesados por la Fiscalía y los jueces.
La última decisión, igualmente polémica, advierte que los procesados de la Ley de Justicia y Paz aún pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, y también es viable sostener la tesis de que los parapolíticos deben responder por igual que los victimarios.
La Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, se ha opuesto a esas decisiones.
La entrada de la Corte Penal Internacional
En noviembre de 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Colombia invocó el artículo 124 con una salvaguarda de siete años para investigar los crímenes de guerra. Esa excepción se cumple en próximos días, ante lo cual la Corte puede investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones de genocidio.
La idea es que en aquellos estados que adhirieron al Estatuto y no se castiguen estas conductas extremas, la CPI pueda investigar de manera subsidiaria, a fin de impedir que se imponga la impunidad.
El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998, pero sólo se hizo válido a partir de 2002, cuando 98 estados aceptaron su jurisdicción. Entre esos países estuvo Colombia, que pidió la excepción de siete años, con la esperanza de que en ese tiempo se pudiera aclimatar un proceso de paz con los grupos armados.
La piedra angular de la Corte Suprema
Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de las investigaciones de la parapolítica, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, precisamente por cuenta de las indagaciones sobre los nexos de políticos con paramilitares.
En 2007, un procesado por paramilitarismo, apodado Tasmania, acusó al magistrado Velásquez de presionarlo para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, meses después se constató que se trató de un montaje para desprestigiar al magistrado.
Hoy, el abogado antioqueño Iván Velásquez sigue siendo el soporte fundamental en las investigaciones de la Corte Suprema por el escándalo de la parapolítica y ha sido blanco de persecuciones e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.
Llegó la CORTE PENAL INTERNACIONAL, (II)
Corte Penal Internacional ya indaga sobre 'falsos positivos', 'parapolítica' y financiación a Farc
en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-penal-internacional-ya-indaga-sobre-falsos-positivos-parapolitica-y-financiacion-a-farc_6325649-1
El pimero de noviembre se acaba la salvaguarda que le impidió por 7 años conocer crímenes de guerra. Pero desde hace meses varias misiones han llegado a recaudar información de casos específicos.
Sudán, el Congo, Colombia, Uganda...
Funcionarios del Gobierno colombiano manifestaron su malestar cuando, en mayo último, en un video sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) -en el que aparece el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo-, el país fue incluido en el paquete de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más grandes tragedias humanitarias de la historia reciente.
Ese día se confirmó que Colombia está bajo 'observación oficial' de la CPI, término diplomático que significa que ya hay casos concretos de lesa humanidad y posibles genocidios, que, en su criterio, podrían terminar en su órbita si se prueba que en el país no se impartió eficaz justicia.
Fatou Bensouda, fiscal adjunta de la CPI, lo ratificó por esos días en una reunión en Bruselas: "Situaciones en cinco países de cuatro continentes están bajo análisis: Colombia, Georgia, Costa de Marfil, Kenia y Afganistán".
Y, a partir del primero de noviembre, su radar se ampliará. Ese día expira la salvaguarda firmada por los presidentes Pastrana y Uribe, que impidió por 7 años que la CPI conociera uno de los capítulos más extensos del conflicto: los crímenes de guerra (que tienen que ver directamente con enfrentamientos armados).
Sin embargo, la Corte no empezará de ceros en Colombia. Ya le ha pedido al Gobierno información sobre casos de lesa humanidad y genocidios: En marzo del 2005, indagó sobre conductas de este tipo atribuidas a jefes 'paras', guerrilleros y, también, a la Fuerza Pública.
Y en julio del 2008 el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a E.U. -país que no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a este tribunal- podría afectar el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes bajo su competencia, incluyendo ex Auc y políticos.
"Los 'paras' han confesado muchos crímenes -dice en el video el fiscal Moreno-, pero, ¿Colombia ha preguntado quién los financió y les dio soporte político y quién dio las órdenes?". Y advirtió: "La Corte intervendrá cuando los estados no realicen investigaciones o ellas no sean genuinas". Significa que puede revisar casos en los que hubo condenas nimias y no se identificaron todos los autores.
La CPI también indagó por apoyos externos (de personas y países) a grupos ilegales colombianos y sobre el PC de 'Raúl Reyes'. No es gratuito que emisarios de las Farc estén indagando en La Haya cómo funciona esa justicia.
Los dos visitantes
Lo que pocos saben es que, de manera paralela, el fiscal Moreno ha enviado varias misiones a recaudar información sobre casos específicos.
Paul Seilis, su fiscal auxiliar, inició la primera indagación en julio del 2008 y hoy la sigue Monserrat Carbonell.
"Se han reunido con fiscales de DD.HH. y de Justicia y Paz; delegados ante la Corte Suprema y magistrados de ese tribunal. Y han recibido información de ONG", dice una fuente judicial que coordinó personalmente los encuentros. Preguntaron por nombres específicos en 'parapolítica' y por un general (r). Tomaron nota de masacres, violencia sexual, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y nexos entre políticos y procesados en Justicia y Paz.
En muchos de esos campos, la justicia tiene resultados para mostrar. En la más reciente respuesta a la CPI, el embajador de Colombia ante los Países Bajos, Francisco Lloreda -interlocutor oficial con ese tribunal-, destacó los "esfuerzos significativos en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz". Y en diálogo con EL TIEMPO, habló de los logros de la Fiscalía (en la administración Iguarán) en casos como 'falsos positivos', que, en su criterio, no se constituirían en delitos de lesa humanidad por no ser una práctica generalizada y sistemática.
La justicia, liderada por la Corte Suprema, también ha condenado a 11 políticos por nexos con 'paras'; hay 7 en juicio; 32 en indagatoria; 8 en versión libre; y 25 en indagación.
Niños soldados
Pero hay varios huecos que le podrían dar cabida a la justicia internacional. El mismo fiscal Moreno, aunque reconoce los avances en las investigaciones y la fortaleza de las instituciones colombianas, ha dicho que "hay una gran contradicción frente a los niveles de violencia e impunidad".
Hay preocupación por un estancamiento de Justicia y Paz que podría abrirle puertas a la CPI. ¿La razón? La única condena obtenida tras cuatro años, se cayó por procedimiento. Y cerca de dos mil desmovilizados que pidieron cupo ni siquiera han aparecido. En cuanto a las guerrillas, todos los de sus cúpulas están condenados. Pero no hay uno solo pagando cárcel. "Eso también es justicia ineficaz", dice la responsable de una ONG.
Y hay dos caras dramáticas del conflicto en las que la justicia colombiana no avanza y que, precisamente, son la esencia de los juicios que lleva la CPI contra líderes de grupos armados en Congo y Uganda: reclutamiento de niños y violencia sexual.
En Colombia, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Reintegración están dándole los últimos retoques a una estrategia para ubicar a centenares de menores que estaban con los 'paras' y que, como lo verificó EL TIEMPO el año pasado, simplemente fueron enviados a sus casas días antes de las desmovilizaciones.
Según ONG, en los últimos cinco años han sido reclutado a 17.000 niños. Las Farc, con la mitad de esa cifra, son el principal responsable; seguidas por bandas emergentes en La Guajira, Cesar, Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
"Sin duda, el reclutamiento de menores en Colombia va a ser tema de la CPI -dice uno de los altos responsables de Unicef en Colombia-. Entre otras razones porque las penas de la CPI son más severas que las previstas acá".
En cuanto a violencia sexual, los 'paras' apenas han confesado 10 casos, aunque las mujeres víctimas de abuso por todos los grupos armados podrían pasar de 10 mil.
Las prescripciones y el represamiento de expedientes son otro hoyo negro. En la Justicia Penal Militar, por ejemplo, hay 13 mil expedientes en el limbo y 707 prescritos que fueron denunciados por el propio Ministerio de Defensa.
Es más, esa cartera optó por delinear un plan judicial y de Derechos Humanos, para enfrentar las posibles indagaciones de la CPI, que, indudablemente, ya está aquí.
Mario IguaránEx fiscal General de la Nación
"Hay resultados a la vista, en 'falsos positivos', desaparición forzada... Y en el Estado hay una cultura de respeto a la CPI. Pero también hay insatisfacciones como la expresada en la condena por la masacre de La Rochela en la que tribunales externos le dicen a Colombia que no pueden perdonar que en estos casos no haya una real justicia".
Eduardo CifuentesEx magistrado y decano de la U. de Los Andes
"Al levantarse la salvaguarda habrá una garantía adicional contra la impunidad. Se envía una señal a los grupos armados ilegales y al mismo Estado de la gravedad de atentar contra la población civil. Obliga a la justicia a operar con fluidez y a los países a actuar frente a los crímenes".
Augusto RamírezEx canciller
"El efecto que buscaron los presidentes Pastrana y Uribe al disponer la salvaguarda no se produjo. Se hizo para que los grupos armados ilegales, especialmente la guerrilla, entraran en un proceso de paz y evitar que les fueran aplicadas las normas que ahora van a entrar en vigencia".
Guillermo Mendoza DiagoFiscal General (e.)
"La justicia colombiana no ha dejado la puerta abierta para que entre la CPI. La Fiscalía y demás instancias judiciales han investigado y emitido sentencias. Creo que habrá casos que se ventilen allá, pero con base en lo que ha hecho la justicia aquí, la CPI, no tendría razón para suplirnos".
Iván Cepeda CastroRepresentante de las víctimas.
"Los resultados son pobres: no hay condenas en Justicia y Paz ni reparación a las víctimas por la vía judicial. Además, 18 ex jefes paramilitares están en E.U. y eso no garantiza que haya justicia. No tenemos estándares satisfactorios de justicia y esto lo considerará la CPI".
Gustavo Gallón GiraldoComisión Colombiana de Juristas.
"La salvaguarda fue una decisión contraria a los derechos de las víctimas y retardó la posibilidad de que la CPI ejerciera jurisdicción plena en Colombia. Lo único que tiene que hacer el país es que sus instituciones impartan justicia sobre las graves violaciones a DD.HH".
¿Sirvió la salvaguarda? ¿Qué viene ahora?
Innecesarios. Así califica el ex senador Jimmy Chamorro -ponente del proyecto que convirtió en Ley el Estatuto de Roma-, los siete años de salvaguarda pedidos por Colombia a la CPI.
"No sirvieron para nada. Fue el peor error que pudo cometer el Gobierno, porque no logró lo que quería: Los jefes 'paras' fueron extraditados a Estados Unidos y tampoco sirvió para adelantar un proceso con las Farc", asegura.
Y añade: judicialmente tampoco hubo resultados en este lapso.
"El esfuerzo de Justicia y Paz para investigar a los autores de crímenes de guerra desapareció y se convirtió en algo inocuo tras la extradición de los 'paras', que se siguen negando a hablar. Esa extradición le puso una bomba de tiempo a Justicia y Paz".
El ex congresista advierte que, ahora, al levantarse la salvaguarda, esto podría servir como mecanismo pacificador: "Pero quienes insistan en cometer estos delitos serán catalogados como criminales de guerra y, de no cesar sus métodos, podrán ser juzgados por el tribunal internacional".
UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA
en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-penal-internacional-ya-indaga-sobre-falsos-positivos-parapolitica-y-financiacion-a-farc_6325649-1
El pimero de noviembre se acaba la salvaguarda que le impidió por 7 años conocer crímenes de guerra. Pero desde hace meses varias misiones han llegado a recaudar información de casos específicos.
Sudán, el Congo, Colombia, Uganda...
Funcionarios del Gobierno colombiano manifestaron su malestar cuando, en mayo último, en un video sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) -en el que aparece el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo-, el país fue incluido en el paquete de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más grandes tragedias humanitarias de la historia reciente.
Ese día se confirmó que Colombia está bajo 'observación oficial' de la CPI, término diplomático que significa que ya hay casos concretos de lesa humanidad y posibles genocidios, que, en su criterio, podrían terminar en su órbita si se prueba que en el país no se impartió eficaz justicia.
Fatou Bensouda, fiscal adjunta de la CPI, lo ratificó por esos días en una reunión en Bruselas: "Situaciones en cinco países de cuatro continentes están bajo análisis: Colombia, Georgia, Costa de Marfil, Kenia y Afganistán".
Y, a partir del primero de noviembre, su radar se ampliará. Ese día expira la salvaguarda firmada por los presidentes Pastrana y Uribe, que impidió por 7 años que la CPI conociera uno de los capítulos más extensos del conflicto: los crímenes de guerra (que tienen que ver directamente con enfrentamientos armados).
Sin embargo, la Corte no empezará de ceros en Colombia. Ya le ha pedido al Gobierno información sobre casos de lesa humanidad y genocidios: En marzo del 2005, indagó sobre conductas de este tipo atribuidas a jefes 'paras', guerrilleros y, también, a la Fuerza Pública.
Y en julio del 2008 el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a E.U. -país que no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a este tribunal- podría afectar el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes bajo su competencia, incluyendo ex Auc y políticos.
"Los 'paras' han confesado muchos crímenes -dice en el video el fiscal Moreno-, pero, ¿Colombia ha preguntado quién los financió y les dio soporte político y quién dio las órdenes?". Y advirtió: "La Corte intervendrá cuando los estados no realicen investigaciones o ellas no sean genuinas". Significa que puede revisar casos en los que hubo condenas nimias y no se identificaron todos los autores.
La CPI también indagó por apoyos externos (de personas y países) a grupos ilegales colombianos y sobre el PC de 'Raúl Reyes'. No es gratuito que emisarios de las Farc estén indagando en La Haya cómo funciona esa justicia.
Los dos visitantes
Lo que pocos saben es que, de manera paralela, el fiscal Moreno ha enviado varias misiones a recaudar información sobre casos específicos.
Paul Seilis, su fiscal auxiliar, inició la primera indagación en julio del 2008 y hoy la sigue Monserrat Carbonell.
"Se han reunido con fiscales de DD.HH. y de Justicia y Paz; delegados ante la Corte Suprema y magistrados de ese tribunal. Y han recibido información de ONG", dice una fuente judicial que coordinó personalmente los encuentros. Preguntaron por nombres específicos en 'parapolítica' y por un general (r). Tomaron nota de masacres, violencia sexual, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y nexos entre políticos y procesados en Justicia y Paz.
En muchos de esos campos, la justicia tiene resultados para mostrar. En la más reciente respuesta a la CPI, el embajador de Colombia ante los Países Bajos, Francisco Lloreda -interlocutor oficial con ese tribunal-, destacó los "esfuerzos significativos en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz". Y en diálogo con EL TIEMPO, habló de los logros de la Fiscalía (en la administración Iguarán) en casos como 'falsos positivos', que, en su criterio, no se constituirían en delitos de lesa humanidad por no ser una práctica generalizada y sistemática.
La justicia, liderada por la Corte Suprema, también ha condenado a 11 políticos por nexos con 'paras'; hay 7 en juicio; 32 en indagatoria; 8 en versión libre; y 25 en indagación.
Niños soldados
Pero hay varios huecos que le podrían dar cabida a la justicia internacional. El mismo fiscal Moreno, aunque reconoce los avances en las investigaciones y la fortaleza de las instituciones colombianas, ha dicho que "hay una gran contradicción frente a los niveles de violencia e impunidad".
Hay preocupación por un estancamiento de Justicia y Paz que podría abrirle puertas a la CPI. ¿La razón? La única condena obtenida tras cuatro años, se cayó por procedimiento. Y cerca de dos mil desmovilizados que pidieron cupo ni siquiera han aparecido. En cuanto a las guerrillas, todos los de sus cúpulas están condenados. Pero no hay uno solo pagando cárcel. "Eso también es justicia ineficaz", dice la responsable de una ONG.
Y hay dos caras dramáticas del conflicto en las que la justicia colombiana no avanza y que, precisamente, son la esencia de los juicios que lleva la CPI contra líderes de grupos armados en Congo y Uganda: reclutamiento de niños y violencia sexual.
En Colombia, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Reintegración están dándole los últimos retoques a una estrategia para ubicar a centenares de menores que estaban con los 'paras' y que, como lo verificó EL TIEMPO el año pasado, simplemente fueron enviados a sus casas días antes de las desmovilizaciones.
Según ONG, en los últimos cinco años han sido reclutado a 17.000 niños. Las Farc, con la mitad de esa cifra, son el principal responsable; seguidas por bandas emergentes en La Guajira, Cesar, Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
"Sin duda, el reclutamiento de menores en Colombia va a ser tema de la CPI -dice uno de los altos responsables de Unicef en Colombia-. Entre otras razones porque las penas de la CPI son más severas que las previstas acá".
En cuanto a violencia sexual, los 'paras' apenas han confesado 10 casos, aunque las mujeres víctimas de abuso por todos los grupos armados podrían pasar de 10 mil.
Las prescripciones y el represamiento de expedientes son otro hoyo negro. En la Justicia Penal Militar, por ejemplo, hay 13 mil expedientes en el limbo y 707 prescritos que fueron denunciados por el propio Ministerio de Defensa.
Es más, esa cartera optó por delinear un plan judicial y de Derechos Humanos, para enfrentar las posibles indagaciones de la CPI, que, indudablemente, ya está aquí.
Mario IguaránEx fiscal General de la Nación
"Hay resultados a la vista, en 'falsos positivos', desaparición forzada... Y en el Estado hay una cultura de respeto a la CPI. Pero también hay insatisfacciones como la expresada en la condena por la masacre de La Rochela en la que tribunales externos le dicen a Colombia que no pueden perdonar que en estos casos no haya una real justicia".
Eduardo CifuentesEx magistrado y decano de la U. de Los Andes
"Al levantarse la salvaguarda habrá una garantía adicional contra la impunidad. Se envía una señal a los grupos armados ilegales y al mismo Estado de la gravedad de atentar contra la población civil. Obliga a la justicia a operar con fluidez y a los países a actuar frente a los crímenes".
Augusto RamírezEx canciller
"El efecto que buscaron los presidentes Pastrana y Uribe al disponer la salvaguarda no se produjo. Se hizo para que los grupos armados ilegales, especialmente la guerrilla, entraran en un proceso de paz y evitar que les fueran aplicadas las normas que ahora van a entrar en vigencia".
Guillermo Mendoza DiagoFiscal General (e.)
"La justicia colombiana no ha dejado la puerta abierta para que entre la CPI. La Fiscalía y demás instancias judiciales han investigado y emitido sentencias. Creo que habrá casos que se ventilen allá, pero con base en lo que ha hecho la justicia aquí, la CPI, no tendría razón para suplirnos".
Iván Cepeda CastroRepresentante de las víctimas.
"Los resultados son pobres: no hay condenas en Justicia y Paz ni reparación a las víctimas por la vía judicial. Además, 18 ex jefes paramilitares están en E.U. y eso no garantiza que haya justicia. No tenemos estándares satisfactorios de justicia y esto lo considerará la CPI".
Gustavo Gallón GiraldoComisión Colombiana de Juristas.
"La salvaguarda fue una decisión contraria a los derechos de las víctimas y retardó la posibilidad de que la CPI ejerciera jurisdicción plena en Colombia. Lo único que tiene que hacer el país es que sus instituciones impartan justicia sobre las graves violaciones a DD.HH".
¿Sirvió la salvaguarda? ¿Qué viene ahora?
Innecesarios. Así califica el ex senador Jimmy Chamorro -ponente del proyecto que convirtió en Ley el Estatuto de Roma-, los siete años de salvaguarda pedidos por Colombia a la CPI.
"No sirvieron para nada. Fue el peor error que pudo cometer el Gobierno, porque no logró lo que quería: Los jefes 'paras' fueron extraditados a Estados Unidos y tampoco sirvió para adelantar un proceso con las Farc", asegura.
Y añade: judicialmente tampoco hubo resultados en este lapso.
"El esfuerzo de Justicia y Paz para investigar a los autores de crímenes de guerra desapareció y se convirtió en algo inocuo tras la extradición de los 'paras', que se siguen negando a hablar. Esa extradición le puso una bomba de tiempo a Justicia y Paz".
El ex congresista advierte que, ahora, al levantarse la salvaguarda, esto podría servir como mecanismo pacificador: "Pero quienes insistan en cometer estos delitos serán catalogados como criminales de guerra y, de no cesar sus métodos, podrán ser juzgados por el tribunal internacional".
UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA
martes, 6 de octubre de 2009
Oportunidad perdida:para reducir la pobreza y la desigualdad.
De: www.semana.com
POBREZAEl período más boyante para la economía colombiana en los últimos 40 años no se aprovechó para lograr una reducción más significativa de la pobreza y de la desigualdad. ¿Qué pasó?.
Sábado 29 Agosto 2009
La semana pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población. En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura". Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados. ¿Y familias en acción?Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado. Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo. Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
POBREZAEl período más boyante para la economía colombiana en los últimos 40 años no se aprovechó para lograr una reducción más significativa de la pobreza y de la desigualdad. ¿Qué pasó?.
Sábado 29 Agosto 2009
La semana pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población. En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura". Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados. ¿Y familias en acción?Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado. Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo. Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Soluciones de Paz
en http://www.semana.com/galeria-conflicto-armado/soluciones-paz/483.aspx
La Biblioteca ‘El Tintal’ de Bogotá presenta desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre ‘La Paz Cuenta’, una exposición fotográfica donde se desvía la mirada de los espectadores de las escenas de la guerra hacia las soluciones ciudadanas. En la exposición no se oculta el conflicto, el dolor y la destrucción; se busca representar escenas de esperanza y reconciliación, momentos de comunicación y creatividad. Un proyecto de la Fundación Peace Counts apoyado por GTZ y Pan para el Mundo.
9/7/2009 4
Fotografía: Uli Reinhardt
Fotografía: Uli ReinhardtÁfrica del Sur: La violencia es una realidad en Pullsmore, en la prisión de Ciudad del Cabo. Pero el círculo de odio se pueden romper con métodos lúdicos como el baile.
Fotografía: Paul Hahn Brasil: El policía Rubeval Franca con armas incautadas por la policía. Más de 40,000 personas mueren a causa de heridas de bala cada año en Brasil-más que en cualquier otro país.
Fotografía: Uli Reinhardt Colombia: Equipos mezclados de niños y niñas son normales en cada torneo. Las reglas de la liga indican que las chicas deben hacer el primer gol en cada juego. Los jugadores aprenden que nadie puede ganar por sí solo.
Fotografía: Paul Hahn Filipinas: Una bufanda colorida en la cabeza identifica a un inspector de los guardias de cese de fuego – civiles que están documentando ataques a personas y edificios, sin importar si estos pasan en zonas controladas por las fuerzas armadas o como aquí en Liguasan March, la zona de descanso de los rebeldes.
Fotografía: Frieder Blickle Israel: En la Escuela de la Paz, mujeres jóvenes de Palestina (a la izquierda) y de Israel (derecha) se encierran por tres días en un cuarto para compartir opiniones.
Fotografía: Uli Reinhardt Japón: Una estudiante se relaja en Barco de la Paz con un curso de tambores. Por unos minutos, ella puede olvidar el stress de las discusiones.
Fotografía: Uli Reinhardt Malí: Habitantes de Tuareg, de diferentes clanes, habían peleando por tierras que sirven para el pasto. Pero comieron juntos, hablaron y encontraron una solución; ahora el acuerdo está sellado.
Fotografía: Uli Reinhardt Irlanda del Norte: Joe Doherty (derecha) enfrente del nuevo Centro de Jóvenes. Él tiene un problema: Un chico constantemente ataca a otros niños. Ahora él quiere que ambos vayan adentro.
Fotografía: Paul Hahn Sri Lanka: Ravindran no puede escuchar, pero sí siente las vibraciones en la garganta de su maestra. Ella está aprendiendo a hablar. La escuela para sordos emplea a 13 maestros.
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La Biblioteca ‘El Tintal’ de Bogotá presenta desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre ‘La Paz Cuenta’, una exposición fotográfica donde se desvía la mirada de los espectadores de las escenas de la guerra hacia las soluciones ciudadanas. En la exposición no se oculta el conflicto, el dolor y la destrucción; se busca representar escenas de esperanza y reconciliación, momentos de comunicación y creatividad. Un proyecto de la Fundación Peace Counts apoyado por GTZ y Pan para el Mundo.
9/7/2009 4
Fotografía: Uli Reinhardt
Fotografía: Uli ReinhardtÁfrica del Sur: La violencia es una realidad en Pullsmore, en la prisión de Ciudad del Cabo. Pero el círculo de odio se pueden romper con métodos lúdicos como el baile.
Fotografía: Paul Hahn Brasil: El policía Rubeval Franca con armas incautadas por la policía. Más de 40,000 personas mueren a causa de heridas de bala cada año en Brasil-más que en cualquier otro país.
Fotografía: Uli Reinhardt Colombia: Equipos mezclados de niños y niñas son normales en cada torneo. Las reglas de la liga indican que las chicas deben hacer el primer gol en cada juego. Los jugadores aprenden que nadie puede ganar por sí solo.
Fotografía: Paul Hahn Filipinas: Una bufanda colorida en la cabeza identifica a un inspector de los guardias de cese de fuego – civiles que están documentando ataques a personas y edificios, sin importar si estos pasan en zonas controladas por las fuerzas armadas o como aquí en Liguasan March, la zona de descanso de los rebeldes.
Fotografía: Frieder Blickle Israel: En la Escuela de la Paz, mujeres jóvenes de Palestina (a la izquierda) y de Israel (derecha) se encierran por tres días en un cuarto para compartir opiniones.
Fotografía: Uli Reinhardt Japón: Una estudiante se relaja en Barco de la Paz con un curso de tambores. Por unos minutos, ella puede olvidar el stress de las discusiones.
Fotografía: Uli Reinhardt Malí: Habitantes de Tuareg, de diferentes clanes, habían peleando por tierras que sirven para el pasto. Pero comieron juntos, hablaron y encontraron una solución; ahora el acuerdo está sellado.
Fotografía: Uli Reinhardt Irlanda del Norte: Joe Doherty (derecha) enfrente del nuevo Centro de Jóvenes. Él tiene un problema: Un chico constantemente ataca a otros niños. Ahora él quiere que ambos vayan adentro. 
Fotografía: Paul Hahn Sri Lanka: Ravindran no puede escuchar, pero sí siente las vibraciones en la garganta de su maestra. Ella está aprendiendo a hablar. La escuela para sordos emplea a 13 maestros.
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martes, 1 de septiembre de 2009
ENCUENTRO GRANCOLOMBIANO POR EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ
ENCUENTRO GRANCOLOMBIANO POR EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ
26 y 27 DE MARZO DEL 2009
Ponencias, descargables en http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosinternacionales.html
LAS OTRAS VIOLENCIAS LA OTRA PAZ -ponencias-
Las siguientes son los tìtulos de las ponencias presentadas en el
ENCUENTRO NACIONAL, LAS OTRAS VIOLENCIAS LA OTRA PAZ
17 y 18 de Abril del 2008,
Pereira, UCPR.
Los contenidos de las mismas pueden ser descargados desde: http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosnacionales/lasotrasviolencias-laotrapaz/index.html
Los contenidos de las mismas pueden ser descargados desde: http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosnacionales/lasotrasviolencias-laotrapaz/index.html
ENCUENTRO NACIONAL, LAS OTRAS VIOLENCIAS LA OTRA PAZ
17 y 18 de Abril del 2008,
Pereira, UCPR.
Los contenidos de las mismas pueden ser descargados desde: http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosnacionales/lasotrasviolencias-laotrapaz/index.html
Una Explicación De Las Causas Económicas De La Violencia En Colombia
Resultados De Un Estudio Cualitativo Sobre La Vivencia De La Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos En Dos Escuelas Normales Superiores Del Huila.
La Gestión De La Proyección Social, Un Aporte Desde el Currículo En La Formación De Capital Social- Centro De Investigación Y Educación Popular, CINEP
Efectividad De Intervenciones Comunitarias En La Reducción Del Comportamiento Agresivo De Los Niños Matriculados En Pereira, Durante El Año 2006
Risaralda, Avances En Desarrollo Humano Y Objetivos Del Milenio
La Confianza En Los Espacios Éticos
Violencia Urbana - La Violencia Colombiana Más Allá De Las Cifras Significativas”
Fomento De La Participación Social Y El Desarrollo Cultural Como Mecanismo De Prevención De La Violencia De La Juventud De Quibdó – Choco.
Pacicultura En Familia - Meterse Al Rancho- La Geoestrategia De Los Actores Del Conflicto
El Concepto De Responsabilidad En La Construcción De Una Nueva Paz Con Niños Desvinculados De Los Grupos Armados Ilegales
Una Apuesta Conjunta Universidad - Alcaldía - Comunidad: Una Experiencia en la Construcción de Redes Sociales y Empresariales
Violencia Urbana Haciendo una Comparación entre Colombia y Otros Países
Los contenidos de las mismas pueden ser descargados desde: http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosnacionales/lasotrasviolencias-laotrapaz/index.html
domingo, 23 de agosto de 2009
Jaime Garzòn
ASESINATO DE JAIME GARZÓN: 10 AÑOS DE IMPUNIDAD
Memorias de risa y tragedia
Porque olvidar, es matar dos veces
Por: Fabián Cristancho Ossa
El olor del jabón y el champú llena la habitación. Jaime se pone la camisa blanca con rayas cafés mientras ‘La Tuti’ lo mira desde la cama y siente una espina cada vez más adentro del corazón.
El aire fresco de la madrugada es un soplo divino que se introduce por las narices de los bogotanos. 5:30 de la mañana, Bogotá se ducha, desayuna y va al trabajo.
Viernes 13, día en que los supersticiosos no recomiendan casarse ni embarcarse. Jaime quita el freno de mano, en el país se habla de la mala racha del presidente Pastrana; el desplome de la economía, el aumento del desempleo y el fracaso del Proceso de Paz. Lleva el vidrio abajo, toma la Calle 26 que desemboca a la Carrera 42 para llegar a la emisora Radionet. Él va de afán, va veloz. El semáforo en rojo, la moto blanca que se acerca demasiado, el cañón del revolver esperando al gatillo, la sonrisa perpleja, el impacto de unas balas frías y cobardes, unas balas sin sorpresa entran en el cuerpo del lustrabotas y ahuyentan la tranquilidad de la mañana.
“Mataron a Jaime, mataron a Jaime”, entra gritando, Yamit Amat. Sus anchas lágrimas disipan el olor a café en la sala de redacción. Todos se ponen de pie, se toman la cabeza, el nudo en la garganta y la saliva como pegante se generalizan.
La noticia aun no es noticia, los periódicos con el descontrolado olor a tinta llegan a su destino. Aída Luz Herrera, jefe de redacción de Radionet, abre los micrófonos y le da la noticia al país: ya no escucharán, nunca más, los chistes y críticas de Garzón, lo han asesinado. En cabina todos acusan del vil hecho al temido jefe paramilitar Carlos Castaño.
Espíritu juguetón, indomable y libertario
La sensibilidad social que tenía Jaime Garzón, sopesada con su madura conciencia política, hicieron de él un gran reconciliador que soñaba y se desvelaba por la paz. Su agilidad mental e inteligencia pronto lo hicieron destacable por vecinos, profesores y compañeros. Su madre le enseñó a leer y escribir a los cuatro años, siempre inculcándole amor y respeto por el conocimiento. Por eso Garzón, más que un ‘mamagallista’ fue un intelectual, un superdotado que se transformó en el inconsciente colectivo de toda Colombia.
Tiempos donde los billetes verdes abundaban, los granos de café eran apetecidos en todo el mundo y la cocaína colombiana codiciada. En un sector de clase media-baja (Sumapaz) entre cerca y lejos del poder, en Bogotá, nace en 1960 Jaime Garzón Forero.
Siempre fue la oveja descarriada del colegio y del barrio. Una oveja negra que siempre quedaba en el recuerdo de quien se le cruzaba. Estuvo en varios colegios de diferentes calibres. Fue un adolescente rebelde en tiempos en que la libertad se defendía como fuera. La música, los movimientos de izquierda y la literatura de Benedetti, Cortázar y Gabo trasegaban en la cosecha histórica en que lo establecido debía ser derrocado. El pelo largo, la marihuana y los largos pensamientos mandaban en bares y universidades, como dijo Antonio Morales -guionista del noticiero Quac- pululaban los personajes “con el Libro Rojo de Mao y el Manifiesto Comunista debajo del brazo”.
Ver hambre, miseria, corrupción, tanta muerte y desigualdad lo hicieron tomar una de sus decisiones más osadas. A sus 18 años, siendo estudiante de la ‘Nacho’ hace contactos con el ELN, grupo que ideológicamente confluía con los pensamientos del indomable espíritu de Jaime. Así, deja libros y fotocopias y las cambia por un equipo de guerra: se embarca al monte, a ese mar lleno de peligros donde llueven balas. Lo recibe el frente José Solano Sepúlveda; tal vez desde allí se podría cambiar la dura realidad del país que los dirigentes se comían, bebían y violaban todos los días.
Pero el Jaime guerrillero resultó ser una decepción: las armas lo enredaban, la estrategia militar lo confundía y sin duda, para sus compañeros, este hombre era un total fracaso. Valía más su sostenimiento en el monte que lo hecho por sus manos. Sin embargo le toleraron su desdichado espíritu partisano y le buscaron un oficio. Se convirtió en un despistado trovador guerrillero que enterraba y desenterraba la plata del grupo; sacaba a asolear los billetes para que la humedad no los consumiera. Aguantó cuatro meses. Después de muchas reflexiones entendió que ahí no hacía mucho. Explicó y argumentó su salida del monte, su decisión fue respetada y en horas llega, ‘con el rabo entre las patas’ a La Perseverancia.
Estudia derecho, ciencias políticas y física y matemáticas por los lados. La política le abrió sus puertas al enrolarse en la campaña de Andrés Pastrana para la Alcaldía de Bogotá, ahí llegó a ser el jefe de giras del próximo alcalde. Jamás dejó su característica mamadera de gallo, ni en los momentos más tensionantes, como en el secuestro de Pastrana. Ese día, el 18 de enero del 88, al presenciar el inminente secuestro, Jaime les dijo a los secuestradores que debían llevarlo a él también, “¿no ven que yo soy el jefe de giras?” Pastrana fue secuestrado y en unas semanas ya estaba libre. Gana la Alcaldía de la capital y nombra al simpático Garzón como alcalde local de Sumapaz, esa región olvidada en manos de las FARC.
En dos años como alcalde, Jaime cumplió con el pequeño poder que tenía en sus manos: construyó un centro de salud, le dio vida a una escuela y pavimentó la única vía del pueblo. En el 87 apareció por primera vez en la televisión por sus imitaciones, no era cotidiano ver a un alcalde tan zafado. Hicieron una nota periodística sobre él y más de uno lo vio y se rió. A pesar de los logros en su gestión fue destituido por el mismo Pastrana, por un comentario que llegó a oídos del conservador. Dijeron que Jaime había montado un prostíbulo, a lo que respondió sin miedo, “las únicas putas de la zona, son las putas FARC”. El día que las cinco balas entraron en su cuerpo debía posesionarse simbólicamente y recibir una indemnización, pues se comprobó que jamás existió tal lugar, por lo que su despido era injusto.
Siguió trepando y llegó a los medios junto con Eduardo Arias y Karl Troller, un par de comentaristas políticos, ácidos como un limón en su incipiente vida. Pensaron y produjeron Zoociedad, 30 minutos de humor fatal y venenoso. Jaime era un éxito en la TV. Vendría el noticiero Quac y la personalización de un buen número de sus personajes: ¿quién no recuerda a Néstor Elí el vigilante del Edificio Colombia? O a Dioselina Tibaná, la cocinera del palacio de Nariño que criticaba duramente a su jefe, el emproblemado Samper en pleno Proceso 8.000. John Lenin fue el vivo reflejo de su juventud, un muchacho izquierdoso con Marx y Lenin en su cabeza. Godofredo Cínico Caspa fue querido y odiado por la audiencia pues defendía a ultranza a la derecha, al Estado y las instituciones; una vez dijo que Colombia lo que necesitaba era un dictador –se refirió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez-. Heriberto de la calle, el lustrabotas –del noticiero CM& y luego de Caracol- fue su última caracterización. Quizás fue el personaje que más sensibilidad le dio al país, sus apuntes y preguntas tan bien formuladas siempre buscaban una verdad escondida, una verdad oculta que dejaba sin aire y en absoluto silencio al entrevistado y a la audiencia.
El humorista, periodista, politólogo, abogado, soñador, e idealista opinaba a mansalva, sin mediciones ni filtros sobre el diario vivir del país. Y aunque sus propuestas y pensamientos le merecían una etiqueta de intelectual, en su hoja de vida, enviada a la Gobernación de Cundinamarca, entre otros puntos decía que tenía estudios en: primeros, segundos y terceros auxilios, cocina para ejecutivos, curso de mecánica popular, curso de inteligencia para militares (reprobado) y aseguraba en la misiva que manejaba cursos sobre ‘como mamar gallo en medio del conflicto’. “La vida no es verdad, la vida es un chiste” dijo en repetidas ocasiones Jaime.
Su coqueteo con la izquierda le dejó contactos con la insurgencia y entre los dos poderes, Jaime intervenía para que los secuestrados regresaran del cautiverio. Tanto así que Andrés Gonzáles, gobernador de Cundinamarca, lo llamó para que fuera asesor de su despacho en el tema de las gestiones humanitarias, aceptó con la única condición de mantener un perfil bajo. Pero su discreción como gestor humanitario reventó el 23 de marzo del 98, día en que protagonizó la liberación de algunos civiles, entre ellos cuatro norteamericanos. El escenario, la vía al llano. Las cámaras se volcaron hacia él y en un abrir y cerrar de ojos, las instalaciones de Radionet se veían invadidas de familias de secuestrados que hacían fila para hablar con Garzón. Entre las cuentas de su amigo, Rafael Pardo, más de cien secuestrados llegaron a casa por las labores del humorista, pero como era de esperarse, en un país cegado por la polarización, muchos sectores no vieron con buenos ojos lo que Jaime hacía, así siempre tocara puertas a la Alcaldía, Gobernación y Presidencia para que sus gestiones fueran claras.
Su vida como personaje público fue material de primera mano para los chismosos. Dijeron que Jaime tenía yates y carros lujosos, producto de su –inexistente- lucro en las liberaciones. Más tarde se conocería que Jaime estaba escribiendo una carta a sus colegas pidiéndoles respeto y cordura, pues habían puesto su vida en peligro. Entre el periodismo y la gestión humanitaria, Jaime dio una verdadera clase de objetividad, lo demostró cuando en repetidas ocasiones y sin ningún ánimo de show invitó a cenar y hablar en su apartamento a ex guerrilleros y políticos, intelectuales de derecha y de izquierda, sindicalistas e industriales, ateos y religiosos. Un escenario donde, sin duda, la tolerancia de ideas y la resolución de conflictos eran el objetivo. Una salida a la justicia y a la verdad para unos y una molesta piedra en el zapato para otros.
“Hasta mañana tengo plazo de vida”
Un aire mortuorio le rondaba por la espalda y no lo dejaba respirar. El sudor frío en sus manos ya era característico, como también su aspecto de trasnocho, de preocupación. Con un nerviosismo desesperante se movió como nunca en sus últimos días sorteando amenazas de todos los tamaños. La tensión diaria fue producto de su inacabable esperanza para desempantanar el Proceso de Paz con el ELN y las FARC.
El costo de su labor humanitaria y periodística fue más allá el 15 de mayo del
Hablando después con el chofer de la flota, éste le dijo que de no haberse estrellado contra él, un par de kilómetros más adelante, a la velocidad que iba, se hubiese ido a un abismo pues la vía terminaba de manera abrupta. Fue una advertencia para que frenara un poco y pensara en su vida. Jaime trató de hacerlo, se alejó de las liberaciones y del Proceso de Paz mientras estaba en la Clínica Palermo y designó a ‘Alejandro’, una figura oscura que aparece tenuemente en cada documento.
Lo que sigue son amenazas cada vez más sofocantes, Jaime no deja a sus personajes y las entrevistas de Heriberto de la Calle cada vez son más urticantes. Las amenazas de Carlos Castaño lo dejan sin aliento y les comenta a sus compañeros periodistas sobre el agravamiento de los comentarios del jefe paramilitar. Hasta llegó a decir que si lo iban a matar lo mataran bien y de frente, que no lo fueran a dejar como a Navarro Wolff.
El 7 y el 8 de agosto se tomó unos días de veraneo con ‘La Tuti’ en Mariquita. Jaime hizo infructuosos esfuerzos para comunicarse con Carlos Castaño. El martes 10 de agosto visitó el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Modelo, habló con Ángel Gaitán Mahecha, jefe paramilitar, quién por fin lo puso en contacto telefónico con su verdugo. “Usted no es capaz de ponerme la cara, usted es un cobarde”, le dijo a Garzón. La conversación tuvo varios tonos hasta que acordaron que el sábado 14 de agosto un helicóptero lo recogería en Montería para encontrarse con él dos días después. Se limitó a decirle que tratara de sobrevivir hasta que pudieran verse. “Me da miedo que no me alcance la vida para cumplir la cita”, le diría Garzón a un reportero radial.
El miércoles por la noche, Mery Garzón (maquilladora) cuenta que Jaime estaba más nervioso de lo habitual, estaba intranquilo y preocupado. “Me van a matar, hasta mañana tengo plazo de vida” le dijo. También a ‘La Tuti’ le diría que tenía vida hasta el sábado.
Nadie muere a la víspera…
Viernes 13 de agosto de 1999. 5:45 de la mañana. Bogotá, Barrio Quinta Paredes Calle
Periodistas, camarógrafos, policías, agentes del CTI, SIJIN, DAS y DIJIN rodeaban la escena. Cuando los capitalinos se enteraron de que el muerto era Heriberto de la Calle, toda Bogotá lloró, pero aun no creyó. Muchos interrumpieron su baño, desayuno y ruta hacia el trabajo para pensar o sollozar un poco. Otros se dirigieron, con rabia, al lugar para confirmar que la vileza y la intolerancia hecha muerte existían. Los niños del jardín infantil miraban aterrorizados, decenas de personas se agruparon, cólera es lo que se respira, “nos quitaron la verdad, nos mataron la risa”, gritó una mujer.
Los focos muestran la camioneta Cherokee gris oscuro tapada con tres sábanas blancas. Las siglas del CTI revolotean por todas partes, la cinta amarilla con letras rojas es insoportable. La muerte aun ronda por allí, todavía huele a pólvora, el frío es intenso.
Los agentes de todas las siglas recogen pruebas, hablan con testigos, toman fotografías, registran llamadas que luego desaparecerían, por años, misteriosamente. Llega Gloria Cecilia Hernández, ‘La Tuti’ su eterna compañera. No quiere ver el carro, no quiere ver el cuerpo de Jaime, sólo llora en brazos de un familiar “no me gustó cuando se puso esa camisa” dijo. Sus lágrimas parecen no tener fin. El país se conduele y llora una vez más con amargura.
14 de agosto de 1999: “Asesinaron la risa” abre El Espectador. “Mataron el derecho a reír”, dice El Tiempo en su portada. “Nos lo han quitado del medio, en plena efervescencia de su espíritu, en completa vitalidad. ‘Lo borraron’, como dijo el lustrabotas, en su lenguaje de acera”, escribió agriamente el caricaturista Lorenzo Madrigal. Los medios convocan a una manifestación en la Plaza de Bolívar, a la que asiste una Bogotá malherida. Es tanto el caudal de gente que un puente se derrumba, por el peso, dejando a tres personas muertas. La tragedia aun planea por las nubes.
Los medios nacionales, –después de la reacción de la SIP y RSF- ahora sí, reaccionan en cadena, denuncian las amenazas de Carlos Castaño contra Garzón y otros dicen que los militares tienen mucho para decir. El tema es manejado con todas las pasiones revueltas y Castaño horas después se pronuncia. El país calla. Carlos niega de manera vehemente y rotunda aquel asesinato. Lo peor: los medios le creen.
“Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas…”
Las autoridades se casarían con tres hipótesis. La primera apuntaba a las autodefensas, a Carlos Castaño en específico. La segunda se dirigiría a la Fuerza Pública, la extrema derecha conformada por algunos militares. La tercera hipótesis, sin potencia, señalaba a las FARC o al ELN como autores del crimen. Esta se cayó rápidamente pues el directo damnificado sería el Proceso de Paz que se venía adelantando con estos grupos.
Los investigadores empezaron a cosechar un pleito hacia un sólo lado como si estuvieran escondiendo algo: dejaron la hipótesis de la extrema derecha presente en la Fuerza Pública como sospechosa del asesinato y así montaron todo un proceso dirigido hacia el declarado ‘anticomunista’ Carlos Castaño.
Pero un hecho que no deja de ser relevante y que se trató con pinzas, fue el de la álgida relación de Garzón con el general Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército. A raíz de las liberaciones en la vía al llano -el 23 de marzo del 98- el entonces comandante de la V división general Mora, se molestó profundamente por las actuaciones de Jaime. Se comunicó con el zar antisecuestros y le pidió se investigara a Jaime Garzón y su gestión en las liberaciones. El zar, José Alfredo Escobar le responde; Jaime tenía todo en claro, no había ninguna traba en sus gestiones pues estaba trabajando para la Gobernación.
El altercado y la mala fe no terminaron allí. Jaime, trató de hablar con Mora, lo esperó varias horas en su oficina pero el general no lo quiso atender. Jaime le envío un fax en el que le decía: “General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted”.
Se vendría todo un huracán cuando desde sus columnas Francisco Santos –editor general de El Tiempo- y Rafael Pardo -ex ministro de defensa- señalaron sin tapujos que los asesinos de su amigo y compañero habían sido militares. Santos diría, “No hay duda. A Jaime Garzón lo mató la extrema derecha militar”. Pardo, sutilmente, preguntaría, “¿Por qué los mandos del Ejército no sabían que Garzón era hostilizado por altos militares?”. El Ejército reaccionó indignado, el general Mora entraría en contradicción en entrevista con la Revista Semana, pero ese asunto no pasaría a mayores, el rumbo ya estaba arreglado.
La Fiscalía General de la Nación cerraría el caso el 2 de enero del 2002, señalando como autores materiales a Juan Pablo Ortiz Agudelo alias ‘Bochas’ y Edilberto Antonio Sierra Ayala alias ‘Toño’ (un par de sicarios, supuestamente de la banda La Terraza de Medellín) El Autor intelectual fue Carlos Castaño, al cual se le dictó una orden de detención. El Móvil: la gestión humanitaria adelantada para conseguir la liberación de algunos secuestrados.
Alirio Uribe, abogado de la familia Garzón Forero, dijo a Contravía que “la Fiscalía no investigó lo que había que investigar”, la desviación del caso se hizo evidente cuando los testigos no resultaron creíbles. ¿Cómo puede una mujer –o alguien- ver a más de
El nombre de Wilson Llano Caballero, alias ‘El Profe,’ rondaría por la cabeza de investigadores y en los pasillos de los juzgados. Fue pieza clave para el hundimiento de varios procesos en los que se veían involucrados agentes del DAS. Fue informante de todas las siglas, se le creía y se le creyó hasta el final, así su mentira siniestra y descarada se le hubiese desbaratado: la investigación fue un montaje del DAS.
En septiembre del año 2002 Reporteros Sin Fronteras se pronuncia, indignada por las actuaciones de las instituciones en el caso de Garzón. En un artículo titulado ‘Asesinato del periodista Jaime Garzón: ¿manipulaciones en la investigación?’, cuestiona sobre la posible voluntad del DAS de desviar la investigación. Sobre todo porque Wilson Llano Caballero, sobre el que pesaba la amenaza de una pena de cárcel al comenzar la investigación, podría haber caído en la tentación de dar informaciones a cambio de que olvidaran las querellas contra él. En otro punto señala que la organización está sorprendida por la actitud de la Fiscalía y del DAS, ya que algunas informaciones aparecidas en la prensa mencionan que los investigadores descartaron a testigos que implicaban a algunos militares. Según esas informaciones, algunos sectores del Ejército acordaron con Carlos Castaño el asesinato de Jaime Garzón, el cual habría sido cometido por la banda la Terraza.
Sigue la absolución de cargos contra los autores materiales, la condena a Carlos Castaño por 38 años de prisión -pena que nunca se hizo efectiva- y su posterior muerte -en libertad- por orden de su hermano Vicente Castaño. Pujas entre jefes paras.
El 10 de junio del 2008, el nombre de Jaime Garzón ocupa, otra vez, a la prensa. ‘H.H.’, el ex jefe del Bloque Bananero de las Autodefensas -recién capturado- dijo que Castaño había ordenado el asesinato del humorista “por petición de unos amigos del Ejército Nacional”. Antes de ser extraditado, ‘Don Berna’ diría lo mismo. Hasta la fecha no hay un solo detenido. La familia Garzón Forero demandará al Estado ahora que el asesinato cumple 10 años en total impunidad.
¿Qué será de los militares sin la guerra? ¿Tienen tiempo para reírse en medio de la balacera? El direccionamiento amañado del proceso tuvo fuertes influencias de una mano oscura, poderosa y definitivamente camuflada. Así son, serios, amargados, “a los asesinos no les gusta la risa, odian la ironía” escribió Abad Faciolince. Los “amigos” de Jaime saben más y no han hablado. Los enemigos, hoy importantes dirigentes, también. ¿Qué tanto saben las poderosas familias y los emporios económicos? ¿Tienen algo para agregar después de 10 años, los colegas de Jaime? Usted general Mora, renunció y jamás volvió a sonar. ¿Qué es de usted? ¿Supo dónde terminó la camisa blanca con rayas cafés de nuestro Jaime Garzón? Olvidar, es matar dos veces.
***
“No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar donde y como a quien sea. ¡Estado de derecho romper filas, jueces, civiles retirarse, Ar!”
Jaime Garzón Forero (1960-1999)
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